Ciudad de México.- El exdueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, fue extraditado a México por el gobierno de España debido a la orden de aprehensión que pesa en su contra, revelaron funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR), por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita derivado del caso de la planta de Agro Nitrogenados.
Ancira Elizondo dejó la cárcel de Palma de Mallorca para ser subido a un avión de la FGR. Se estima que el vuelo que transporta al ex dueño de Altor Hornos de México realice una escala en Canadá para recargar combustible.
Al respecto, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, durante la conferencia de prensa matutina destacó que Ancira Elizondo no solo debería enfrentar un proceso legal, sino que debería haber forma de que se regresen los recursos robados al erario.
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“Tengo conocimiento de que está volando en un avión de la Fiscalía General de la República desde España rumbo a México. Tendrá que enfrentar un proceso penal (…) pero que devuelva lo que no les corresponde, lo que fue materia de corrupción y que enfrente su proceso; que se devuelva al erario lo que ilicitamente se llevaron y no les corresponde”, expresó.
Cabe recordar que en 2013, con Emilio Lozoya al frente de Petroleos Mexicanos (Pemex), y bajo el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la empresa de hidrocarburos mexicana adquirió Agro Nitrogenados, Agro Inmuebles y Agro Administración, propiedades de Altos Hornos desde 1992, a fin de realizar la compraventa de la planta de fertilizantes y la unidad de comprensión ubicadas en Coatzacoalcos y Cosoleaque, Veracruz.
El objetivo, según lo declarado por Lozoya, sería brindar a México un precio más competitivo en beneficio del campo y como respaldo del sistema nacional agroalimentario.
Alonso Ancira fue quien concretó la venta de Agro Nitrogenados a Pemex, a pesar de que la planta de fertilizantes, ubicada en Coatzacoalcos Veracruz, se encontraba en situación de abandono, inoperabilidad y mal estado.
En dicha operación el Gobierno pagó 475 millones de dólares, de los cuales, 200 millones se destinarían para la supuesta rehabilitación y modernización.
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