Guanajuato se mantiene como la entidad con el panorama más crítico en materia de seguridad, al consolidarse como el único estado del país donde los homicidios no han disminuido. De acuerdo con el informe más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), mientras que a nivel nacional los homicidios dolosos han caído un 23.8% en comparación con 2018, en Guanajuato se ha registrado un incremento del 23.4% en los últimos meses.
El informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indica que el promedio diario de homicidios en el país pasó de 100.5 en 2018 a 76.5 en enero de 2025, la cifra más baja en los últimos años. Desde la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia en septiembre de 2024, el país ha reducido este delito en un 12%, sin embargo, Guanajuato sigue acumulando el 15.2% de los homicidios en México, convirtiéndolo en el estado más violento.
Desde septiembre de 2024, los asesinatos en Guanajuato han aumentado un 23.4%, al pasar de 9.4 a 11.6 víctimas diarias en enero de 2025. Mientras otras entidades han logrado avances en materia de seguridad, la crisis en el estado persiste, sin que la estrategia local muestre resultados efectivos.
A este escenario se suman irregularidades dentro del sistema de salud estatal. La administración de Libia Dennise García Muñoz Ledo enfrenta cuestionamientos no solo por la falta de avances en seguridad, sino por presuntos casos de corrupción en la Secretaría de Salud de Guanajuato, encabezada por Gabriel Cortés Alcalá.
Cortés Alcalá, quien antes de su nombramiento como secretario de Salud se desempeñó como director del Hospital Regional del ISSSTE en León, ha sido denunciado por adjudicaciones irregulares de contratos millonarios a empresas fantasma y compañías vinculadas a funcionarios públicos. Una denuncia presentada ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano Interno de Control del ISSSTE señala que, entre 2020 y 2024, al menos ocho empresas con domicilios fiscales inexistentes recibieron contratos bajo su gestión.
Entre las compañías beneficiadas se encuentra Grupo GTO de Comercio y Mantenimiento SAPI, fundada por Álvaro Rangel Bowser y Ana Rosa Quiroz Ramírez, actual coordinadora de Recursos Financieros del hospital. Esta empresa obtuvo 11 contratos entre 2020 y 2024, sumando 9.2 millones de pesos, cinco de los cuales fueron firmados directamente por Cortés Alcalá.
Otro caso denunciado es el de Soluciones Médicas Vitalcorp S.A. de C.V., que desde 2021 ha recibido 27 contratos con el ISSSTE, de los cuales 17 fueron otorgados entre 2023 y 2024, por un total de 9.6 millones de pesos. La empresa está registrada en una casa de interés social deshabitada, lo que ha generado dudas sobre la legalidad de sus operaciones.
Además de estos señalamientos, el sector salud de Guanajuato enfrenta una crisis interna. Desde que Cortés Alcalá asumió el cargo de secretario de Salud, 13 funcionarios médicos y administrativos han renunciado, denunciando la reestructuración interna y las condiciones adversas dentro de la dependencia. La salida de especialistas ha generado un déficit en el sistema de salud estatal, afectando la atención a los ciudadanos.
Con un panorama donde la violencia no cede y el sistema de salud se ve envuelto en escándalos de corrupción y deserción de profesionales, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo enfrenta una doble crisis. Mientras busca consolidarse como una figura de peso dentro del Partido Acción Nacional (PAN), los problemas en su estado se incrementan.
