Habitantes y autoridades tradicionales de los pueblos de Xoco y de Santa Cruz Atoyac en la Alcaldía Benito Juárez, presentaron un amparo para que se declare la inconstitucionalidad y extinción de la Secretaría de Pueblos y Barrios del gobierno capitalino (SEPI), además de que se impida que esa dependencia participe en la consulta sobre el Plan General de Desarrollo (PGD) en las comunidades originarias de la Ciudad.
Estos pobladores ofrecieron una conferencia de prensa la tarde-noche de hoy y ahí acusaron que desde su creación hasta la fecha, esa secretaría a cargo de Nelly Juárez ha fomentado el despojo de los territorios de los pueblos, se dedica a afectar la organización y el ejercicio de los derechos de los pueblos y ha tenido injerencias arbitrarias en sus vidas.
En Xoco y Atoyac, ejemplificaron, funcionarios de la SEPI han buscado crear representaciones alternas en ambas comunidades con la intención de crear una participación a modo con miras a la consulta del PGD.
En la conferencia participaron Mauricio Reyes, presidente del pueblo de Santa Cruz Atoyac; Adi Palacios, Elizabeth Álvarez y Álvaro Rosales, habitantes y autoridades del pueblo de Xoco; así como el abogado Arturo Aparicio.
VAN A LA CIDH
Durante la conferencia leyeron un comunicado en el cual dieron a conocer que la asamblea ciudadana del Pueblo de Xoco promovió una petición-queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la cual México tendrá que dar contestación a más tardar en abril de 2026.
La intención de la queja ante la CIDH es que se emita una recomendación contra el Estado mexicano sobre pueblos en contextos urbanos, además de que se reconozca que hubo violaciones al derecho al territorio y a la consulta del pueblo por la construcción del proyecto de Mítikah.
También quieren que se declare inconvencional el proyecto Mítikah, se le retiren autorizaciones, se ordene la restitución de terrenos del proyecto como de la calle Real de Mayorazgo a favor del pueblo, y se ordenen medidas de reparación integral del daño y no repetición.
Si hubiera esa recomendación y el Estado mexicano no la acatara, el caso podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Los habitantes de Xoco acudieron en julio pasado a la CIDH pues recibieron la notificación de una sentencia emitida en el mes de enero, por la cual se les negó un amparo promovido contra las medidas de mitigación de Mítikah y el despojo que se hizo de la calle Real de Mayorazgo.
La sentencia fue emitida por el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el amparo en revisión 182/2024.
En ella los magistrados argumentaron que Xoco ya no es un pueblo originario pues se encuentra totalmente urbanizado, alineándose con un argumento que en su momento presentó la SEPI.
AMPARO CONTRA SEPI
Sobre el amparo contra la SEPI, argumentaron que esa dependencia es inconstitucional e inconvencional, ya que no se encuentra diseñada y operada por los pueblos originarios conforme lo establecido en el primer párrafo del apartado B del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 2.1, 5 y 6 del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos originarios.
Además, reiteraron, la SEPI ha buscado generar una doble representación de Xoco y Santa Cruz Atoyac, invitando a reuniones con la Secretaría a falsos representantes, en que busca darles una falsa legitimidad, con lo cual ha excluido a la representación legalmente elegida.
En ese contexto y en vista que el decreto de 7 de octubre de 2025 por el cual se convoca a la consulta a pueblos originarios del Plan General de Desarrollo y se vincula a SEPI como órgano técnico de la consulta y coadyuvante, el pasado 18 de noviembre el Pueblo de Santa Cruz Atoyac y Xoco interpusieron una demanda de amparo entre ambos pueblos, la cual ya fue admitida.
Con el amparo se busca que se declare la inconstitucionalidad de la existencia de SEPI y como consecuencia se ordene su extinción y la creación del órgano de Implementación de derechos, el cual deberá ser diseñado y operado por los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México.
También que en la consulta al Pueblo de Santa Cruz Atoyac y de Xoco sobre el PGD se dé con un respeto real a los derechos de los pueblos, con protocolos propios y atendiendo a sus prioridades de desarrollo como pueblos.
Además, que el período de tiempo señalado de consulta para el PGD hasta el 10 de enero de 2026 sea ampliado a un plazo razonable acordado en asambleas al interior de cada uno de los pueblos, para que se pueda proponer y estudiar los documentos.
También, que la SEPI no intervenga en el proceso de consulta del PGD, no tenga participación y no sea un órgano técnico.
El amparo se encuentra radicado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en el expediente 1876/2025, a cargo de la Juez María Elena Lugo del Castillo.
Fue admitido el 21 de noviembre de 2025 y ya tiene fecha de audiencia constitucional para el 8 de enero de 2026.
Hasta el momento la juez no ha ordenado la suspensión de la participación de SEPI ya que a su consideración recientemente no se ha emitido un acto que directamente genera una afectación real a los pueblos, pero de existir se podría suspender.
En la conferencia dieron a conocer la realización de una protesta convocada por el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac para el próximo miércoles 10 de diciembre a las 11:00 horas en Plaza Tlaxcoaque.
Ahí se pedirá la extinción de SEPI y su no participación en el PGD, y a que se otorgue una ampliación al plazo de consulta a los pueblos originarios en el Plan General de Desarrollo.
Arturo Aparicio explicó que la propuesta de ellos es que sean los mismos pueblos quienes dictaminen consulta la consulta del PGD.
