El Pleno del Consejo General en el Instituto Electoral capitalino (IECM) declaró este lunes la validez de la elección judicial en la CDMX y entregó constancias de mayoría a las 137 personas ganadoras de los comicios para jueces y magistrados del Poder Judicial local.
La sesión del Pleno en que se asignaron los cargos judiciales no estuvo exenta de debate y polémica, pues la consejera electoral Erika Estrada Ruiz dijo que esta autoridad no podía ser omisa a los señalamientos de madres víctimas de violencia vicaria en contra de unos de los candidatos a magistrado de lo familiar que ganó su elección.
VIOLENCIA VICARIA
Aunque los otros consejeros no la respaldaron en su propuesta, pidió que no se le entregara hoy la constancia a ese candidato, en tanto se solicitara mayor información de este personaje al Consejo de la Judicatura capitalina, para determinar si cumplía o no con los requisitos de elegibilidad.
La consejera no lo mencionó por su nombre, pero dijo que se trata del candidato más votado a magistrado de lo familiar en el distrito electoral judicial 4.
Esa persona es Juan Miguel Morales Monter, quien ya desempeñó como juez quinto de lo familiar y por sus sentencias, a favor de generadores de violencia vicaria, ha recibido críticas y denuncia de parte de colectivos feministas.
La consejera Erika Estrada reveló que hoy a las 10:47 de la mañana se recibió un correo electrónico en la oficialía de partes del IECM, donde se conoció que Morales Monter enfrenta denuncias por parte de madres que lo han acusado de violación a los derechos de infantes y por no juzgar con perspectiva de género.
Son hasta 17 las denuncias de madres que acusan a Morales de favorecer con sus resoluciones a padres agresores.
Erika Estrada argumentó que su planteamiento no prejuzgaba sobre el actuar de este candidato, ni viola sus derechos político-electorales, pues lo que busca es darle al propio IECM de revisar y comprobar los requisitos de elegibilidad de quién será magistrado de lo familiar.
SIN RESPALDO
Ninguno de los otros consejeros respaldó la propuesta de posponer la entrega de la constancia para Morales Monter, como tampoco darle vista al Consejo de la Judicatura.
La presidenta del IECM Patricia Avendaño expuso que a otras instancia, como los tribunales electorales, les corresponderá revocar a través de impugnaciones, determinar si se sostiene la magistratura de este candidato.
“Para tomar una decisión, nosotros debemos considerar elementos firmes, consistentes y no podemos prejuzgar, es decir, una prueba plena no se basa ni en notas periodísticas, ni el correos electrónicos o anónimos que lleguen a alguna autoridad”, justificó Avendaño.
ELECCIÓN VÁLIDA
Así, el Pleno del IECM pudo determinar esta tarde que los 137 candidatos ganadores a jueces y magistrados cumplen los requisitos de elegibilidad.
Es decir, no tienen antecedentes penales, no cuentan con sentencias firmes por delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales; el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar; violencia familiar equiparada o doméstica o violación a la intimidad sexual.
Ninguna de esas 137 personas es deudora alimentaria o agresora sexual y esta afirmación derivó de consultas al Sistema Penitenciario, al Registro Civil, la Consejería Jurídica, la Fiscalía General de Justicia, entre otras autoridades.
De esta forma, los consejeros electorales determinaron por unanimidad que fue válida una elección en la que participaron un millón 175 mil personas, lo cual representó apenas un 14.74 por ciento del padrón electoral de la Ciudad de México.
La consejera Sonia Pérez explicó que después de esta declaratoria de validez y la entrega de constancias de mayoría, lo que sigue ya está en manos de las autoridades jurisdicciones.
Es decir, tanto el Tribunal Electoral capitalino como el Federal tendrán que analizar y resolver los medios de impugnación que en su momento se presenten contra las candidaturas ganadoras.
El Tribunal de la CDMX tendrá hasta el 26 de julio para resolver los medios de impugnación que sean de su competencia, aunque esos recursos pueden llegar a segunda instancia, es decir la sala regional o la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El Tribunal federal deberá resolver esos recursos ante de que el 1 de septiembre los futuros magistrados y jueces rindan protesta al cargo ante el Pleno del Congreso de la Ciudad.
