En los comicios federales y locales de 2021 el crimen organizado influyó en un número importante pero indeterminado de elecciones. ¿Pasará lo mismo en 2023 y 2024?
Aunque tenemos un conocimiento desigual sobre la relación entre las urnas y el crimen, hay precedentes para asegurar que, cuando la delincuencia se apropia por la fuerza de gobiernos, provoca reacciones entre las élites gobernantes.
Eso pasó en 1924 cuando Al Capone se apropió por la fuerza de la alcaldía de Cicero en Chicago; y en 1982 cuando Pablo Escobar Gaviria llegó al congreso federal creyendo que así pavimentaba sus ambiciones presidenciales.
La osadía les resultó contraproducente a los dos, Capone terminó en una cárcel en 1931 y Gaviria en el cementerio en 1993.
En 2021 los grupos criminales mexicanos se lanzaron, como nunca antes, a la conquista de cabildos y gubernaturas.
El PAN, el PRI y el PRD reaccionaron escribiendo el informe El crimen organizado en el proceso electoral 2021 y sus dirigentes se fueron a Washington donde lo entregaron al Departamento de Estado, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Organización de Estados Americanos.
Informaron a la prensa sobre sus gestiones en Washington, pero nunca difundieron públicamente su informe. O sea, se quejaron allá, y como no pasó nada, se aplacaron acá.
En ese documento dieron prioridad a Sinaloa.
Urnas narcas
Recogieron testimonios para sustentar tres ideas: “votó el crimen organizado”, ganó “el miedo” y en algunos municipios, como Culiacán, la delincuencia operó para que triunfara la “Alianza Morena-Partido Sinaloense”.
En privado, líderes de esos partidos aseguran que Morena llegó a la gubernatura por las cortesías del cartel dominante.
Nunca judicializaron tan graves acusaciones y ninguna autoridad se preocupó por establecer lo sucedido en Sinaloa y otras entidades.
Fueron comicios sangrientos. En el proceso que inició en septiembre de 2020 y culminó en junio de 2021 asesinaron a 32 candidatos y candidatas en 15 estados (27 hombres y 5 mujeres, con un promedio de edad de 45 años).
Manuel Pérez Aguirre y Roberto Roldán Vargas, investigadores del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, coordinaron un estudio sobre esas muertes; entre sus conclusiones señalan que 14 asesinatos fueron perpetrados por el crimen organizado, 13 por rivales políticos y 5 por motivaciones personales.
Hay diferencias notables en el comportamiento que tuvo el Cartel de Sinaloa en los comicios en Durango y Sinaloa, estados que comparten 1,139 km de frontera y donde la presencia de dicho cartel es dominante.
Según los estudios de Data Cívica, entre 2018 y 2022 Sinaloa tuvo 12 incidentes políticos violentos y Durango (que tuvo comicios para gobernador en 2022) solo uno.
La paz duranguense se debería, según algunos conocedores, a las órdenes de no meterse en los comicios giradas por Ismael El Mayo Zambada.
Indiferencia de los partidos
Esa disparidad en el comportamiento de las bandas delincuenciales impide hacer pronósticos sobre lo que harán en las elecciones de 2023 y 2024.
Seguramente habrá de todo, pero lo más grave del asunto es la indiferencia de las instituciones de seguridad y los partidos.
En el proceso 2020-21 la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reaccionó lanzando, en marzo de 2021, la Estrategia de Protección en Contexto Electoral.
Aunque algo extemporánea, dio buenos resultados, pero no hubo el seguimiento lógico: elaborar un protocolo de seguridad homogéneo para todas las entidades. Cada quien va por su lado. Absurdo.
Más absurda es la indolencia de los partidos.
En la investigación hecha en el Colmex sobre los 32 asesinatos de 2020-21 quedó claro que los partidos no hicieron nada sustantivo.
Ni investigaron los antecedentes de sus candidatos, ni elaboraron los indispensables diagnósticos de riesgo para arropar a los más expuestos, ni dieron seguimiento a las investigaciones.
Ese menosprecio a la vida humana los equipara a las bandas criminales, solo parecen importarles los cargos y las prerrogativas.
Riesgo para la democracia
En suma, la violencia político-electoral es una realidad que pone en riesgo a quienes compiten por cargos, a quienes gobiernan y a las reglas más elementales de la democracia.
La indiferencia de algunos gobiernos es absurda, la frivolidad de los partidos es suicida. Las urnas están a merced del narco.
