Los recientes ataques informáticos contra dependencias públicas reactivaron el debate sobre la necesidad de fortalecer el marco legal de ciberseguridad en México. Especialistas advierten que la falta de reglas claras limita la capacidad de respuesta ante amenazas digitales.
Layla Delgadillo, CEO de Silent4Business, sostuvo que el país requiere un modelo operativo que vaya más allá de la simple implementación de herramientas tecnológicas. La estrategia, dijo, debe centrarse en la gestión permanente del riesgo y la protección de identidades y accesos.
El análisis del equipo de Cyber Threat Intelligence de la empresa identificó tres amenazas en crecimiento en México: la ingeniería social sofisticada, el ransomware y el uso de inteligencia artificial por parte de atacantes para escalar campañas de engaño.
Estas prácticas se ven facilitadas por la exposición de bases de datos derivada de hackeos recientes, lo que aumenta los riesgos de fraude, extorsión y suplantación de identidad.
Para la especialista, invertir en prevención resulta clave. “La prevención cuesta una fracción de la remediación”, afirmó, al advertir que la diferencia puede definir si una organización resiste un ataque o queda paralizada.
El principio aplica tanto para instituciones públicas como para empresas privadas, con especial atención en pequeñas y medianas compañías que suelen contar con menos recursos para protección digital.
En este contexto, Delgadillo consideró necesario avanzar en la Ley Federal de Ciberseguridad para establecer estándares mínimos, definir responsabilidades y fortalecer la cooperación entre sectores. Sin un marco claro, advirtió, los esfuerzos permanecen aislados.
