A raíz de mensajes amenazantes enviados a alumnos y personal docente, la Facultad de Química de la UNAM suspendió temporalmente las clases presenciales y migró al formato en línea, mientras el plantel prepara una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar el origen y responsables de las amenazas. 
Amenazas que cortaron la presencialidad
A través de Facebook y correos electrónicos, se enviaron advertencias explícitas: “Algo malo pasará… la semana entrante… habrá de dónde elegir”.
Ciertamente, los destinatarios no son una cifra, sino estudiantes, profesores y trabajadores de un entorno universitario. 
Medidas, protocolo y contexto
El director de la Facultad, Carlos Amador Bedolla, justificó la suspensión señalando que la seguridad de la comunidad universitaria es prioritaria.
Se elaboraron actas de hechos, se reportó la situación a la Rectoría y se activó colaboración con la policía cibernética para rastrear las amenazas digitales. 
La Facultad también difundió recomendaciones de prevención: no aceptar solicitudes de desconocidos, ajustar privacidad en redes sociales, no responder a mensajes amenazantes, capturar evidencias con fecha y hora, y denunciar los contenidos. 
Para atención psicológica interna se activó el Programa de Atención Psicológica de la Facultad (PAPFQ), con seguimiento en 24 horas. 
Este episodio se contextualiza con la reciente violencia en otros campus, como el homicidio de un estudiante en el CCH Sur, que ha puesto en vilo a toda la comunidad universitaria. 
Este tipo de amenazas no puede interpretarse como un acoso pasajero: desembocan en miedo, autocensura y debilitamiento del ambiente académico.
Que la Facultad adopte clases en línea y denuncie es indispensable, pero no basta.
Es urgente que la UNAM y las autoridades garanticen mecanismos de protección efectivos: rastreo digital, sanciones ejemplares y fortalecimiento del entorno universitario como espacio libre de violencia. Que este episodio no sea tratado como “riesgo institucional”, sino como señal de que la seguridad académica está en riesgo y exige vigilancia comunitaria constante.
