Tuvieron que pasar casi cinco años de esta administración para que finalmente autoridades capitalinas reaccionaran con propuestas legales específicas ante el tema de la tala clandestina en el suelo de conservación de la CDMX.
Hoy en conferencia el jefe de gobierno Martí Batres dio a conocer el contenido de una reforma de ley que elevará de seis a 20 años la pena de cárcel para quien cometa el delito de tala.
La pena actual es de solo dos a 10 años de cárcel, aunque solo tres personas están en la cárcel por ese delito.
LA REFORMA
Se trata de una reforma al artículo 345 bis del Código Penal local y en ella se establece que se sancionará hasta con 20 años de prisión a quien tale árboles en áreas naturales protegidas, de valor ambiental, barrancas o de suelo de conservación.
La pena de cárcel aplicará también para quien transforme, comercialice, acopie, distribuya o reciba madera aserrada de forma ilegal.
De acuerdo con la titular de la Comisión de Recursos Naturales (Corenadr) Columba López, las sanciones de prisión podrían incrementarse y alcanzar hasta 30 años.
Esto será así porque la reforma al artículo 345 bis del Código Penal contempla agravantes, como la duplicidad de la pena de cárcel cuando se cauce daño, destrucción, alteración, menoscabo o pérdida de la biodiversidad, ecosistemas o de especies endémicas.
CINCO BANDAS
La Policía capitalina tiene ubicadas a cinco bandas de talamontes que operan en los bosques del sur de la Ciudad.
Las áreas de operación están en Tlalpan, Milpa Alta, Cuajimalpa y Magdalena Contreras.
Esto de acuerdo con el subsecretario de Operación Policial de la SSC, Israel Benítez López.
Destacó que se tienen identificados vehículos, rutas, destinos y aserraderos a donde llegan, así como el organigrama de los integrantes.
Agregó que más de 80 personas conforman esos cinco grupos criminales.
Durante la conferencia explicó que tres talamontes en prisión son objetivos que ya se tenían previamente identificados.
PALIATIVOS
Durante la conferencia, representantes de la Sedena, de la Policía, la Fiscalía y la Sedema enlistaron una serie de medidas paliativas que en el fondo no han resuelto el problema de la tala clandestina.
Por parte de la Sedena se dio a conocer resultados de operativos realizado entre el 5 y 7 de julio en el poblado de Tres Marías, municipio de Huitzilac, del estado de Morelos.
Ahí se identificaron y desmantelaron ya cinco aserraderos clandestinos y 14 madererías.
La mayoría de la madera que se encontraba en esos aserraderos provenía de la zona del Ajusco.
SOLO TRES EN LA CÁRCEL
Según el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, se tienen actualmente 17 personas vinculadas a proceso por el delito de tala clandestina.
De ellos solo tres se encuentran en prisión, producto de un cateo en el cual se pudo demostrar en flagrancia que era un aserradero dentro de los límites de la ciudad.
Los 17 vinculados a proceso están bajo esa medida como resultado de acciones que se tomaron entre 2022 y 2023.
Durante toda la administración solo 34 personas han sido vinculadas a proceso por ese ilícito.
Por separado la SSC ha realizado, en lo que va del año, 22 recorridos masivos.
También se han llevado a cabo 51 operativos teniendo los siguientes resultados:
El desmantelamiento de 11 aserraderos en la Ciudad de México y la suspensión de actividades de 14 madererías.
Según la titular de la Sedema, Marina Robles, se han plantado 26 millones de árboles en suelo de conservación.
Lo que no precisó es cuántos de esos árboles nuevos se han plantado en las zonas afectadas por la tala, justo para restituir el bosque ahí donde los talamontes afectaron el ecosistema.
Capital CDMX ha documentado polígonos en zonas como el paraje “El Abrevadero” en las Cumbres del Ajusco, donde no se ha hecho ninguna labor de reforestación.
HOMOLOGAR
Finalmente, el secretario de Gobierno Ricardo Ruiz habló de que se establecerán mesas de trabajo con autoridades del Estado de México y de Morelos.
La intención es que esas entidades homologuen sus códigos penales con la CDMX respecto al delito de tala.
