¿Traidores a la patria? El 25 de enero de 1862, con los ejércitos de Francia, Inglaterra y España tomando el puerto de Veracruz, el presidente Benito Juárez, investido de facultades extraordinarias, decretó una ley para castigar los delitos contra la nación.
En ella, se establecía la pena de muerte a todo mexicano que invitara o sirviera voluntariamente a una potencia extranjera para invadir el territorio nacional.
Con esta herramienta legal, el presidente Juárez enfrentó la invasión europea y pasó por las armas a los que se consideró traidores a la patria.
Fue con esta ley que la República terminó con el Imperio y fusiló al archiduque Maximiliano de Habsburgo y a sus generales mexicanos Miguel Miramón y Tomás Mejía.
Durante la Revolución Mexicana, el 14 de mayo de 1913, el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, investido igualmente de facultades extraordinarias, reactivó la ley juarista del 25 de enero de 1862, aunque con diferentes implicaciones.
En esta ocasión, eran traidores a la patria “todos aquellos que de una manera oficial o particular hubieren reconocido o ayudaren, al llamado Gobierno del General Victoriano Huerta”.
Con la reactivación de la ley juarista, Carranza obtuvo el sustento legal que le permitió aplicar la pena de muerte a los enemigos del constitucionalismo.
¿Traidores a la patria?
En la actualidad, el texto vigente que tipifica el delito de traición a la patria se encuentra en el artículo 123 del Código Penal Federal.
En él, se establece hasta una pena de cuarenta años a toda persona que “realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero”.
Las especificaciones de este articulo guardan cercanía con la ley promulgada por Juárez.
No obstante, nunca se ha realizado acción penal contra una persona con fundamento en este artículo.
Al día de hoy, la maquinaria del oficialismo encabezada por el presidente de Morena, Mario Delgado; la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum; y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, han revivido la acusación de traición a la patria y lanzado una campaña de desprestigio contra la bancada legislativa de los partidos del PRI, PAN, PRD y MC por rechazar la reforma constitucional en materia energética enviada por el Ejecutivo.
Desde el punto de vista jurídico, el asunto no tiene pies ni cabeza.
Acusar de traición a la patria a los congresistas por rechazar la reforma presidencial sería por completo improcedente dada la propia naturaleza de las facultades del Poder Legislativo.
El Maniqueísmo
En ellas se encuentran la de aprobar, reformar o rechazar un proyecto de ley.
De tal manera que acusar a la bancada legislativa de la oposición por ejercer una de sus competencias, evidentemente tiene un interés político y no penal.
La construcción del maniqueísmo como herramienta política ha sido una de las principales estrategias de Andrés Manuel López Obrador.
Con una narrativa de buenos y malos, de élites rapaces y un pueblo saqueado, el obradorismo como fenómeno político se ha estructurado en torno a un discurso simplista en el que denuncia la existencia de grupos con fuertes intereses políticos y económicos que se oponen a la transformación que él encabeza.
Primero lo hizo con la “mafia del poder” durante sus tiempos de campaña.
Más tarde, con los “conservadores” una vez presidente de la República.
La historia nos muestra que la invocación del delito de traición a la patria ha obedecido a necesidades políticas extraordinarias.
En primer lugar para combatir una invasión extranjera que implementó un tipo de protectorado europeo en el país.
Y en segundo lugar para devolver el orden institucional quebrantado por el asesinato del presidente Madero.
Traidores a la patria, narrativa beligerante
Sin embargo, la actual administración ha instrumentado la acusación de traición a la patria, alejándola de sus fines originales.
La usa, en cambio, para criminalizar políticamente y linchar mediáticamente a sus enemigos ideológicos.
Todo esto, en razón de que para conseguir la primera derrota legislativa del presidente más poderoso en las últimas décadas, los partidos de oposición tuvieron que unirse contra una reforma constitucional que albergaba uno de los más grandes ideales de la izquierda mexicana desde los años del nacionalismo revolucionario: el dominio del Estado sobre la industria energética.
Así, el votar en contra de la reforma eléctrica serviría para acusar a los legisladores de traición a la patria por defender los intereses de los capitales extranjeros en el sector.
Esto, sin importar los matices que existen en los diferentes momentos históricos en que se ha invocado el delito de alta traición.
Una comparación engañosa, simplista y perjudicial para la vida política.
Neutraliza a los detractores del obradorismo al colocarles al nivel de personajes como Huerta y Miramón.
Por su parte, los partidos de oposición celebraron su triunfo.
Además anunciaron que no pasará ninguna otra reforma constitucional enviada por el Presidente.
La derrota de AMLO
Todo parece indicar que López Obrador perdió su capacidad para modificar la Constitución.
Por ello, las reformas electoral y a la Guardia Nacional, ya no van.
Pero no perdamos de vista que en cambio, con su campaña de traidores a la patria ganó una narrativa beligerante que le permite aglutinar a todas las fuerzas políticas que enfrentará en 2024 bajo una sola bandera: traidores a la patria.
Una idea sencilla, maniquea y acorde a su forma de hacer política.
Una idea que bien aprovechada frente al electorado podría garantizarle a Morena su continuidad como principal fuerza política.
El Presidente perdió a su caballo para comerse a la reina.
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