La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó las suspensiones que frenan los procesos de revocación de mandato y las auditorías promovidas por autoridades locales en contra de la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, al confirmar la admisión de dos controversias constitucionales presentadas por el ayuntamiento.
El pleno del máximo tribunal declaró infundados los recursos de reclamación interpuestos por la Auditoría Superior del Estado de Guerrero y por el Congreso local, con los que se pretendía dejar sin efecto las suspensiones otorgadas dentro de las controversias 174/2025 y 176/2025, promovidas por el municipio de Acapulco.
Al exponer el proyecto, el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía sostuvo que “existe apariencia del buen derecho y peligro en la demora debido a que las responsabilidades señaladas derivan de la fiscalización de recursos federales, como las aportaciones del FISMDF, cuya revisión compete exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación y no a las autoridades locales”.
Las controversias fueron presentadas por el municipio, a través del síndico Miguel Jaimes Ramos, con el objetivo de que la fiscalización de la Cuenta Pública 2023, en particular de los recursos del Ramo 33 y del FAISMUN, se realice conforme a la distribución de competencias prevista en la Constitución, al tratarse de fondos de origen federal.
En el caso de la controversia 176/2025, el Congreso de Guerrero había cuestionado la suspensión relacionada con un procedimiento de revocación de mandato impulsado por el ciudadano Ramiro Solorio. La Corte confirmó la medida cautelar y precisó que la protección concedida se vincula con derechos constitucionales del municipio y de su titular, no con prerrogativas de carácter personal.
Con esta resolución, la SCJN reiteró que la revisión de recursos federales corresponde a instancias federales, al tiempo que mantiene vigentes las suspensiones que limitan la intervención de autoridades locales en procedimientos que involucran dichos fondos.
