Durante la gestión de Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos, se habrían otorgado concesiones penitenciarias en las que presuntamente participó Sergio Montaño Fernández, ex Oficial Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que un grupo de ciudadanos solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) reabrir la investigación en su contra.
El proceso judicial contra otros funcionarios fue cerrado por un tribunal federal al considerar prescritos los delitos; sin embargo, el juicio contra García Luna continúa activo. Bajo este contexto, los solicitantes insisten en esclarecer el papel de Montaño Fernández en la firma de contratos que habrían provocado un sobrecosto de más de 62 mil millones de pesos en la construcción y operación de ocho prisiones de alta seguridad y, además, piden investigar si su vínculo con la red criminal encabezada por García Luna podría derivar en responsabilidades legales. El exsecretario fue condenado en 2023 a 38 años y 8 meses de prisión por sus nexos con el narcotráfico.
Con base en los elementos presentados, los ciudadanos plantean que Montaño Fernández habría tenido una participación decisiva en la adjudicación de contratos millonarios a empresas privadas. En consecuencia, llaman a la FGR a identificar si todavía existen delitos vigentes que puedan ser sancionados, con el fin de evitar que este caso quede impune.
Las empresas señaladas en los contratos otorgados entre 2010 y 2011, durante el tiempo en que García Luna encabezaba la dependencia, son ICA, Arendal, Prodemex, GIA, Homex y Tradeco. El monto global de los acuerdos ascendió a casi 270 mil millones de pesos para construir los centros penitenciarios con capacidad conjunta para 20 mil personas privadas de la libertad.
Como parte de la resolución que dio por cerrado el expediente penal, varios exfuncionarios libraron cargos. Entre ellos se encuentran el General Sergio Alberto Martínez Castuera, así como sus antecesores, el General Salvador Camacho Aguirre y Celina Oseguera Parra.
También fueron excluidos del procedimiento judicial Paulo Uribe Arriaga y Óscar Moreno Villatoro, ex directores generales de Administración del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social; así como los excoordinadores de centros federales Antonio Molina Díaz y Saúl Castro Castro.
Otros nombres mencionados son los de Arturo Sosa Viderique, director de Administración; Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, ex director de Adquisiciones de la SSP; Miguel Vital Hernández, director general adjunto de la Dirección General de Administración; Alma Delia Sánchez Ocampo, ex directora de Adquisiciones; Raúl Gerardo Lemus Soto, director de Apoyo Operativo; además de María Lidia Alcántar Vargas, Antonio Corona Rodríguez y José Ariel Morales López.
Las firmas originales de los contratos fueron realizadas por Montaño Fernández, Sosa Viderique y Villarreal Gutiérrez en los años 2010 y 2011. El resto de los implicados fueron incluidos debido a que firmaron 76 convenios modificatorios a esos contratos durante las administraciones de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
Hasta ahora, no hay un posicionamiento público por parte de la FGR en torno a esta nueva solicitud presentada por los ciudadanos.
