Un grupo de accionistas de Corredor Nueva Generación (Congesa), empresa concesionaria de transporte público que opera en el Corredor Circuito Interior de la Ciudad de México, denunció un presunto esquema de fraude que habría afectado durante años a cerca de un centenar de socios, muchos de ellos adultos mayores que invirtieron sus ahorros y patrimonio en la compañía.
Los inconformes señalaron a José García Lagunas, quien se presenta como presidente del Consejo de Administración de Congesa, por decisiones que presuntamente derivaron en pérdidas económicas, desaparición de utilidades y un deterioro financiero que mantiene a numerosos accionistas sin ingresos y sin información clara sobre el manejo de los recursos.
De acuerdo con información publicada por El Financiero, los socios denunciaron que la empresa dejó de distribuir ganancias pese a continuar operando unidades en una de las rutas más importantes de la capital. Además, sostienen que la administración ocultó información financiera y realizó movimientos patrimoniales sin autorización de la asamblea de accionistas.
Entre las acusaciones destaca la presunta venta irregular de autobuses propiedad de la concesionaria. Los accionistas afirman que diversas unidades fueron comercializadas sin consulta previa y sin transparentar el destino de los recursos obtenidos. Asimismo, señalaron un supuesto intento de vender un inmueble perteneciente a la empresa.
Los afectados también denunciaron la operación de camiones sin los permisos correspondientes dentro del Corredor Circuito Interior, vialidad estratégica que conecta zonas como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Tacubaya, La Raza y Juanacatlán. Consideran que estas acciones podrían generar responsabilidades administrativas y legales.
Según la información difundida por El Financiero, alrededor del 80 por ciento de los socios son personas adultas mayores que destinaron recursos obtenidos durante toda una vida laboral para adquirir acciones de la empresa y que dependían de las utilidades como complemento de sus ingresos.
Los accionistas sostienen que durante años solicitaron auditorías, informes financieros y mecanismos de rendición de cuentas sin obtener respuestas satisfactorias. También afirman que la administración mantuvo control total de la información corporativa y limitó la participación de los inversionistas en decisiones clave.
Ante la falta de soluciones, los inconformes llevaron sus reclamos a distintas instancias, aunque aseguran que hasta ahora no han encontrado una respuesta de fondo. Esta situación incrementó el malestar entre quienes consideran haber perdido gran parte de su patrimonio.
Por ello, anunciaron la posibilidad de realizar movilizaciones y bloqueos en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para visibilizar el conflicto y solicitar la intervención de las autoridades.
Los afectados demandan que instancias locales y federales revisen la actuación de los directivos, esclarezcan el destino de los bienes de la empresa y determinen si existieron conductas constitutivas de delitos patrimoniales o administración fraudulenta. También exigen mecanismos que permitan recuperar los recursos que consideran perdidos.
Finalmente, el caso abrió cuestionamientos sobre la supervisión de empresas concesionarias de transporte público integradas por pequeños inversionistas y operadores. Mientras las denuncias continúan en la esfera pública, los socios sostienen que enfrentan un presunto desfalco que afectó a decenas de familias y que podría convertirse en uno de los casos más delicados dentro del sistema de transporte concesionado de la Ciudad de México.
