La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) a iniciar investigaciones sobre las personas que participaron en la reciente movilización encabezada por grupos de la Generación Z, luego de que en la capital se registraran diversas expresiones juveniles que, según autoridades federales, podrían estar vinculadas a presuntas alteraciones del orden público.
De acuerdo con el planteamiento oficial, la mandataria pidió a la fiscalía capitalina revisar posibles hechos constitutivos de delito, evaluar responsabilidades individuales y determinar si durante la marcha se cometieron faltas administrativas o ilícitos relacionados con daños a mobiliario urbano, bloqueos prolongados o agresiones.
Sheinbaum destacó que su gobierno respeta la protesta social, pero subrayó que en la Ciudad de México deben garantizarse condiciones de seguridad para habitantes, comerciantes y personas en tránsito. Por ello, solicitó a la institución ministerial investigar sin criminalizar a la juventud, pero asegurando el cumplimiento de la ley.
Generación Z: un nuevo actor político en la CDMX
La participación de jóvenes de entre 16 y 26 años —conocidos como Generación Z— llamó la atención por su capacidad de organización digital, uso de plataformas sociales como TikTok y X, y su presencia creciente en debates públicos sobre movilidad, vivienda, derechos digitales y medio ambiente.
En la capital, este sector demográfico representa una fuerza social significativa: son estudiantes, trabajadores emergentes, creadores de contenido y votantes por primera vez en muchos casos. Su activismo suele ser horizontal, sin liderazgos tradicionales y con narrativas que priorizan la transparencia, la justicia social y las causas ambientales.
Un desafío para la gobernabilidad urbana
La instrucción de Sheinbaum coloca a este movimiento juvenil bajo observación institucional, lo que abre un nuevo capítulo en la relación entre el gobierno federal y la participación política joven en la Ciudad de México.
Mientras colectivos juveniles defienden su derecho a manifestarse sin persecución, autoridades señalan que las protestas deben mantenerse dentro del marco legal. La investigación será determinante para esclarecer responsabilidades y definir los siguientes pasos en la relación entre el Estado y la nueva generación políticamente activa.
