El 1 de mayo de 2025 marcará un nuevo capítulo en la política migratoria de México. Ese día, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, exgobernador interino de Puebla, tomará protesta como nuevo titular del Instituto Nacional de Migración (INM). El anuncio, hecho por la presidenta Claudia Sheinbaum, llega con una narrativa oficial de renovación y cooperación internacional. Pero detrás del acto protocolario se arrastran sombras difíciles de ignorar.
Céspedes, nacido en Tepeaca y formado como abogado, hizo carrera en el PRI antes de integrarse a Morena. En 2022, tras la muerte de Miguel Barbosa, asumió como gobernador sustituto. Desde entonces, su ascenso ha sido veloz… pero no libre de escándalos.
Durante su breve mandato en Puebla, las irregularidades administrativas se acumularon como polvo bajo la alfombra. La Auditoría Superior de la Federación detectó un presunto daño patrimonial de más de 75 millones de pesos, principalmente en la Secretaría de Salud: pagos no justificados, documentación faltante y bienes desaparecidos. A esto se sumaron señalamientos contra el Instituto Poblano del Deporte, donde se habrían reciclado uniformes como si fueran nuevos, inflando contratos por millones.
En vez de limpiar su nombre, Céspedes optó por una estrategia de escape hacia adelante. Hoy, el mismo personaje que prometía “transparencia y cero tolerancia a la corrupción” será el encargado de una de las instituciones más cuestionadas del país: un INM golpeado por denuncias de abusos, negligencia y corrupción estructural.
¿Puede alguien bajo escrutinio por el mal manejo de recursos públicos dirigir el instituto encargado de gestionar las vidas de miles de migrantes? La pregunta queda abierta, mientras el nuevo comisionado toma posesión con traje nuevo y un viejo equipaje. Porque en política, como en migración, lo que se arrastra también pesa.
