Ciudadanos del estado de Morelos han denunciado presuntas irregularidades persistentes en la Dirección de Movilidad y Transporte, pese a los cambios anunciados por la gobernadora Margarita González Saravia, quien asumió funciones en octubre de 2024 con el compromiso de erradicar la corrupción y mejorar la eficiencia en trámites vehiculares.
Uno de los principales focos de queja es la operación de gestores que agilizan trámites a cambio de pagos en efectivo. Según reportes periodísticos, estas prácticas involucran cobros de entre 800 y 2,500 pesos por gestiones como emplacamiento y cambio de propietario. Al centro de esta presunta red estaría Martín Dámaso, exfuncionario de la dependencia, junto a colaboradores que han trabajado en administraciones anteriores.
En noviembre de 2024, Josué Fernández Fernández, entonces titular de la Secretaría, reconoció públicamente la existencia de cobros indebidos. Sin embargo, en febrero de este año fue destituido tras detectarse actos ilícitos, de acuerdo con el secretario general de Gobierno, Juan Salgado Brito. Su lugar fue ocupado por Jorge Alberto Barrera Toledo, exdiputado de Morena, con el objetivo de restaurar la confianza pública. No obstante, las quejas sobre corrupción y mal servicio persisten.
A esto se suma la falta de eficiencia en la atención. Usuarios deben formarse desde las primeras horas del día y, en muchos casos, solo reciben permisos temporales impresos debido a la escasez de placas metálicas, sin claridad sobre cuándo se resolverá la situación.
La situación se presenta en un contexto de presión creciente sobre el gobierno estatal para aplicar medidas efectivas que garanticen transparencia, eficiencia y respeto a los derechos de los automovilistas.
