Diputados locales del PAN presentaron un diagnóstico sobre el proyecto del Plan General de Desarrollo (PGD) que se encuentra en consulta pública y detectó diez vicios del documento rector de la planeación para los próximos 20 años.
A nueve días de que culmine esa consulta, los panistas acusaron que el proyecto de Plan presenta una falta de jerarquización de prioridades, pues plantea de manera simultánea fortalecer el sistema de cuidados, atender la crisis hídrica, impulsar la movilidad sustentable, reordenar el desarrollo territorial y reducir desigualdades estructurales.
Pero no señala qué problema se atiende primero en los siguientes tres, seis o 10 años.
En conferencia y encabezados por la diputada de la presidenta de la Comisión de Planeación del Congreso Olivia Garza, los panistas acusaron que el PGD carece de indicadores verificables, pues no cuentan con metas cuantificables, plazos claros ni responsables institucionales. “Lo que no se mide, no se cumple, dijeron.
Advirtieron un debilitamiento de la participación ciudadana, pues el Plan propone modificar la Ley de Participación Ciudadana sin establecer con claridad el alcance de los cambios ni el modelo que sustituirá al actual.
Esto sería así pues se sugiere sustituir a los COPACOS por Asambleas Vecinales más abiertas y deliberativas, y modificar el esquema del Presupuesto Participativo, sin definir cómo se elegirán las nuevas figuras de representación, qué responsabilidades legales tendrían y cómo se garantizaría la rendición de cuentas.
Olivia Garza añadió que existe una falta de articulación con el Sistema Integral de Derechos Humanos, pues si bien se habla en el documento sobre progresividad, derecho a la ciudad, igualdad sustantiva y acceso a derechos, no define mecanismos institucionales concretos para asegurar su seguimiento y exigibilidad.
La legisladora acusó que el PGD establece una visión de transformación a 20 años, pero no presenta con claridad cuánto costará implementarla ni cómo se financiará.
“Un plan de largo plazo requiere sustento financiero concreto para ser viable”, dijo Garza.
Así, acusó, el Plan no incluye costeo por eje estratégico ni escenarios financieros, tampoco define con precisión las fuentes de financiamiento ni mecanismos obligatorios que lo vinculen al Presupuesto de Egresos anual.
Otra inconsistencia asociada con la anterior es que no establece mecanismos obligatorios para asegurar que el Presupuesto de Egresos anual se alineé de manera efectiva a sus objetivos.
De esta forma, el PGD no contempla disposiciones vinculantes que obliguen a que el presupuesto de cada ejercicio fiscal incorpore metas, proyectos y recursos específicamente orientados al cumplimiento del Plan General.
Sin esa precisión, no se señala por ejemplo qué dependencia será responsable de garantizar la alineación presupuéstalo qué sanciones y mecanismos correctivos existirían ante el incumplimiento.
Los diputados del PAN también acusaron que el Plan carece de blindajes jurídicos y administrativos para garantizar su continuidad, lo cual abre la puerta a que cada administración lo reinterprete, reduzca su alcance o simplemente lo ignore.
Tampoco se cuenta con evaluaciones periódicas vinculantes que obliguen a dar seguimiento a sus metas.
No se establecen mecanismos obligatorios de coordinación con el Estado de México ni con la Federación y aunque el diagnóstico del documento es metropolitano, las herramientas de solución siguen siendo esencialmente locales y no se prevén instrumentos vinculantes de planeación, financiamiento y ejecución conjunta.
En medio de un escenario de constantes contingencias ambientales, los diputados del PAN lamentaron que el PGD carece de metas claras y mecanismos contundentes para reducir de manera medible la contaminación atmosférica en la ciudad.
Aunque se habla de transición energética y movilidad sustentable, el Plan no fija objetivos obligatorios de reducción de emisiones ni define acciones específicas y calendarizadas para enfrentar las fuentes principales de contaminación.
No se hablas de responsables institucionales con obligaciones claras de cumplimiento; de medidas regulatorias adicionales para industrias, transporte de carga o fuentes móviles contaminantes; no de protocolos automáticos de acción ante contingencias ambientales recurrentes.
Finalmente, los panistas identificaron que este documento rector de la planeación urbana no define un sistema claro, periódico y autónomo de evaluación que permita medir su cumplimiento y corregir desviaciones.
El Plan no garantiza evaluaciones externas e independientes ni informes obligatorios ante el Congreso y la ciudadanía que permitan revisar avances, retrocesos o incumplimientos.
Así, el documento es omiso sobre la generación de informes anuales obligatorios de cumplimiento con indicadores verificables; respecto a evaluaciones externas realizadas por organismos técnicos autónomos; respecto a comparecencias periódicas vinculadas a metas específicas del Plan o respecto a consecuencias institucionales ante incumplimientos reiterados.
Durante la conferencia, el coordinador de los diputados locales del PAN Andrés Atayde consideró que de no corregirse esas diez inconsistencias podrían derivar en la aprobación de un instrumento que no ayudará a resolver los muy diversos problemas y retos que enfrenta la CDMX.
Olivia Garza dijo que estas observaciones serán presentadas formalmente ante el Instituto de Planeación de la Ciudad con el fin de fortalecer el documento.
Advirtió que de no corregirse estos vicios de contenido, los diputados del PAN no votarán a favor del Plan General de Desarrollo.
