La Alcaldía Benito Juárez presentó ante la Suprema Corte de Justicia una controversia constitucional en contra del Gobierno capitalino.
En la controversia la alcaldía combate un acuerdo de facilidades administrativas emitido por el Gobierno de Claudia Sheinbaum.
Según la alcaldía que encabeza el panista Santiago Taboada, ese acuerdo invade atribuciones exclusivas de los titulares de las demarcaciones.
El acuerdo facilita y autoriza desde el GobCDMX la realización de proyectos de construcción en vías primarias y de acceso controlado.
Pero según Taboada, el Artículo 32 de la Ley de Alcaldías señala las facultades de los alcaldes en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos.
Entre esas facultades está supervisar y revocar permisos bajo un procedimiento de verificación, calificación de infracciones y sanción.
También está el registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, licencias de construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas en vía pública.
Así como registrar edificaciones en suelo de conservación, estaciones repetidoras de comunicación celular o inalámbrica y demás, correspondiente a su demarcación territorial.
“El acuerdo no solo representa una invasión a las facultades exclusivas que tienen los alcaldes en esta materia sino también un potencial riesgo de que los actos administrativos que realiza la Alcaldía puedan ser impugnados sustentando la acción legal en el otorgamiento de una autorización emitida por el Gobierno de la Ciudad”, argumentó la BJ en un comunicado.
Agregó que el acuerdo no representará una simplificación de los trámites en materia de obra, por el contrario, será uno adicional al que originalmente los constructores tenían que presentar.
La alcaldía anunció la controversia justo cuando el gobierno de Sheinbaum presumió los avances de su Plan de Reactivación Económica.
Ese Plan incluye el acuerdo de facilidades administrativa que es la causa de polémica entre la alcaldía y la administración capitalina.
