Al acusar información dolosa difundida desde ayer, el encargado de la Fiscalía capitalina Ulises Lara aseguró que lo de anoche en un restaurante de la colonia Roma no fue un rescate de Javier Corral.
“Bajo ninguna circunstancia se trató de un rescate como equivocada y dolosamente se ha señalado; cumplimos estrictamente la ley como nos fue conferido”, dijo el funcionario en un mensaje que emitió esta mañana a través de redes sociales.
Argumentó que el personal ministerial del Estado de Chihuahua, en específico agentes de la Fiscalía Anticorrupción de esa entidad, no contaron en ningún momento con el oficio de colaboración que se requiere para llevar a cabo una diligencia fuera de su jurisdicción.
El encargado de despacho añadió que por propia voluntad Javier Corral decidió acompañarlo a las oficinas de la Fiscalía capitalina, con la finalidad de aclarar su situación jurídica, de donde se retiró por propio pie al no contar la FGJCDMX con algún documento o mandamiento judicial que ordenara su detención.
EL NO RESCATE
En una larga relatoría, Lara expuso que ayer por la noche recibió una llamada de parte del equipo de Javier Corral, en la que le denunciaban que al encontrarse en un restaurante de la CDMX, personas armadas que dijeron ser elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, ingresaron al establecimiento para privarlo de su libertad bajo el argumento del cumplimiento de una orden judicial.
“Ante dicha denuncia telefónica, en mi calidad de servidor público que representa los intereses de la ciudadanía decidí corroborar con el Jefe General de la Policía de Investigación de esta Fiscalía, si agentes nuestros acompañaban dicha diligencia”, narró Lara.
Argumentó que empezando por la Constitución del país, existe un marco legal y vigente que establece las normas y formalidades del procedimiento que se deben observar para la colaboración en cumplimiento a mandamientos judiciales.
Lara dijo haber recibido la confirmación de que no se habían agotado y formalizado plenamente los trámites de colaboración correspondientes y por ello acudió al restaurante con la finalidad de corroborar la legalidad de dicha diligencia.
“Al arribar al sitio pude confirmar que sin la presencia de policías de Investigación de la Ciudad de México, quienes arribaron posteriormente a mi llegada, se buscaba llevar a cabo la diligencia al amparo de un oficio interno de fecha 14 de agosto de 2024”, relató el encargado.
EL OFICIO
Según Lara, ese oficio no corresponde a una aceptación de la colaboración, ya que solamente forma parte de las gestiones que la Fiscalía capitalina lleva a cabo para su atención, conforme a los plazos establecidos en la Constitución federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y los acuerdos de colaboración en la materia.
Subrayó que el oficio citado fue recibido por la Dirección General de Atención y de Cumplimientos de Ordenamientos Judiciales a las 20:16 horas, es decir, solo unos minutos antes de que se buscara ejecutar el mandamiento judicial contra Corral, por lo que aún se encontraba en proceso de atención, es decir, sin una respuesta oficial de parte de la Fiscalía capitalina.
LARA, EL DEFENSOR
Lara inició su mensaje con acusaciones directas contra los agentes de la Fiscalía Anticorrupción del estado de Chihuahua, pues dijo que violentaron los derechos humanos de Javier Corral y en contravención a lo previsto en la Ley buscaron ilegalmente llevar a cabo una diligencia de ejecución de un mandamiento judicial.
“La aprehensión de una persona, sin agotar las formalidades esenciales del procedimiento, constituye la privación ilegal de la libertad, acto constitutivo de delito y que además violenta el debido proceso.
“Ello hubiera resultado en una declaratoria de ilegal detención y una probable acción penal en contra de los agentes ministeriales del estado de Chihuahua”, dijo un vehemente encargado de despacho.
Al final del mensaje, Ulises Lara defendió su propia actuación al subrayar que todas sus acciones fueron realizadas bajo las atribuciones legales que le confieren la Constitución federal y la de la CDMX, así como la Ley Orgánica de la Fiscalía local.
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