El empresario José Ramón Abraham Matuk se encuentra vinculado a un conflicto empresarial relacionado con la importación y distribución de una flotilla de más de 100 autobuses, actualmente retenida en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por un presunto adeudo cercano a 300 millones de pesos asociado a las compañías Grupo Loialt y Sunwin de México.
La operación que originó el caso se estructuró para introducir unidades de transporte público en el mercado nacional mediante esquemas de financiamiento que permitieran su colocación comercial. Sin embargo, el proceso no avanzó conforme a lo previsto y derivó en la permanencia de los vehículos en instalaciones portuarias sin liberación ni entrega final.
En esta cadena empresarial participan Grupo Loialt, distribuidora de MG Motor en México, y Sunwin de México, ambas con participación accionaria de Matuk, lo que coloca al empresario dentro de la estructura corporativa vinculada a la adquisición de las unidades.
De forma paralela, la operación contó con la intervención de la financiera Cetelem, actualmente Autoexpress Inbursa y socia de MG Financial Services en México, que participó mediante una línea de crédito destinada a respaldar la compra y distribución de los autobuses en el país.
Mientras el esquema financiero quedaba sin resolución, la flotilla permaneció almacenada en el puerto, donde una parte de las unidades sufrió daños. Fuentes consultadas refieren que alrededor de 50 autobuses resultaron afectados por inundaciones durante su resguardo, además de advertir que esas unidades no cuentan con cobertura de seguro, lo que impide su incorporación al mercado o su entrega a posibles compradores, a lo que se suma la existencia de otras 60 unidades aún pendientes de pago y liberación.
La presencia de Grupo Loialt en el sector transporte ya había quedado registrada en un proceso previo relacionado con la adquisición de autobuses eléctricos en la Ciudad de México. En 2024, la empresa participó en la licitación RTP/LPI/001/2024, convocada por la Red de Transporte de Pasajeros para renovar su flotilla y ampliar infraestructura de carga.
Durante ese procedimiento, la compañía presentó una propuesta económica por 79.2 millones de pesos. No obstante, la autoridad desechó la oferta tras detectar incumplimientos en la documentación técnica requerida. El contrato fue adjudicado posteriormente a Yutong de México, que obtuvo un monto cercano a 474.2 millones de pesos.
Asimismo, Abraham Matuk aparece en trabajos periodísticos que documentan su participación en esquemas vinculados con servicios de blindaje, arrendamiento vehicular y diversas operaciones empresariales. Dichas referencias se ubican en el contexto de los años en que Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino ocupaban cargos clave en el aparato de seguridad federal.
En el ámbito judicial, el 4 de marzo de 2026, el empresario promovió un amparo indirecto en materia penal con el que solicitó protección frente a posibles actos de autoridad relacionados con diligencias de investigación, entre ellas búsqueda, localización, comparecencia, presentación, detención o aprehensión. Un juzgado federal lo desechó un día después al determinar que existía una causa manifiesta e indudable de improcedencia.
La situación actual del empresario se inscribe así en un contexto más amplio de operaciones empresariales, procesos de contratación pública y litigios recientes, que convergen en distintos frentes sin que exista, hasta el momento, una resolución integral sobre los casos mencionados.
