En medio del conflicto entre la empresa Materiales Triturados Martínez (Matrimar) y el Gobierno de Nuevo León, en medios locales comenzó a circular un audio fechado el 27 de noviembre de 2025 que exhibiría un presunto intento de cobro para permitir la operación de la pedrera ubicada en el municipio de Cerralvo.
De acuerdo con el material difundido, la llamada habría sido realizada por Baltazar Martínez Ríos, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y alcalde con licencia de Cerralvo, quien fungiría como intermediario en la negociación con un directivo de la empresa. En los extractos que circulan públicamente, el interlocutor señala que, según el secretario estatal de Medio Ambiente, Raúl Lozano, “se requiere un pago fuerte”, y sugiere que el monto podría cubrirse en parcialidades.
En la conversación también se menciona al director de Fiscalización del Servicio de Administración Tributaria de Nuevo León, Roberto Santos, así como al secretario general de Gobierno, Miguel Flores, como parte de las gestiones para que la empresa pudiera “alinearse” y alcanzar un acuerdo.
La empresa ha señalado previamente que el monto solicitado rondaría los 50 millones de pesos como condición para continuar operando.
La difusión del audio ocurre en un contexto de acciones administrativas contra la compañía.
El pasado 11 de febrero, autoridades estatales realizaron una visita de madrugada para imponer sellos de clausura, y días después personal de la Secretaría de Medio Ambiente acudió nuevamente a las instalaciones.
Matrimar ha obtenido suspensiones y amparos del Poder Judicial federal, con los que busca la reapertura de la planta y el freno a las medidas impuestas por el Estado.
En diversos comunicados, la empresa ha acusado al gobierno estatal de ejercer “extorsión disfrazada de acoso institucional” y ha asegurado que sus operaciones han sido auditadas durante años por autoridades ambientales federales y estatales sin que se hayan acreditado irregularidades.
La paralización de la planta, afirma, afecta a más de 500 familias que dependen de su actividad.
El caso se desarrolla en un entorno de tensión entre el gobierno estatal y distintos sectores productivos. Desde 2022, Nuevo León aplica los llamados impuestos verdes a emisiones contaminantes, descargas de agua y extracción de materiales pétreos, esquema que ha generado miles de millones de pesos en recaudación y que ha sido impugnado por empresas del sector mediante amparos.
Asimismo, en diciembre de 2025 más de 60 cámaras empresariales, entre ellas COPARMEX Nuevo León, Caintra y la Cámara de Comercio, rechazaron el incremento al Impuesto Sobre Nómina del 3% al 4% aprobado en el Paquete Fiscal 2026, al advertir afectaciones a la inversión y al empleo. El ajuste se dio en el contexto de la necesidad de recursos adicionales para obras de infraestructura vinculadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Además, a inicios de enero de 2026 la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM) denunció presuntos cobros indebidos por parte de autoridades de tránsito en distintos municipios del estado, los cuales habrían generado pérdidas económicas millonarias para el sector.
Hasta el momento, el Gobierno de Nuevo León no ha emitido una postura específica sobre el contenido del audio que circula en medios locales. El conflicto entre Matrimar y las autoridades estatales continúa en el ámbito judicial y administrativo.
