Personal del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE bloqueó esta mañana el cruce de avenida Coyoacán y Félix Cuevas, en la Ciudad de México, ante la falta de información sobre la entrega de los vales de fin de año. Los inconformes señalaron que este 17 de diciembre corresponde a la fecha límite para recibir la prestación y afirmaron que las tarjetas aún no llegan. De mantenerse el retraso, la afectación alcanzaría a 123 mil 462 trabajadores.
La manifestación ocurre mientras persisten dudas sobre el proceso federal para la dispersión de vales electrónicos de despensa de fin de año, considerado uno de los más amplios del gobierno federal. El contrato asciende a 10 mil 53 millones de pesos y comprende a empleados de 224 dependencias.
Versiones difundidas en redes sociales refieren que directivos de Servicios Broxel, encabezados por Gustavo Gutiérrez Galindo, sostuvieron reuniones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Según estas publicaciones, la empresa advirtió que la bonificación estipulada en el procedimiento podría comprometer la entrega de 724 mil tarjetas electrónicas.
El concurso, identificado como LA-06-400-006400001-N-19-2025, se desarrolló bajo un esquema de oferta única. Broxel propuso una bonificación de 3.1%, aunque el expediente reportó campos económicos capturados en ceros dentro de la plataforma oficial, lo que generó observaciones técnicas.
Un posible incumplimiento impactaría a cerca de 700 mil trabajadores federales, quienes reciben los vales de despensa como parte de las prestaciones de cierre de año y los destinan a compras decembrinas.
Documentos obtenidos vía transparencia muestran que, entre 2019 y 2025, autoridades de la Ciudad de México solicitaron a Servicios Broxel el reintegro de más de 121 millones de pesos por vales no entregados a personal de distintas áreas durante varios ejercicios.
Especialistas consultados señalan que, si los problemas se presentan en la medida de fin de año, la situación podría extenderse a partir de enero con la dispersión de vales de recurrencia, ante versiones de que el proveedor tampoco avalaría las bonificaciones establecidas, lo que mantendría la incertidumbre sobre la continuidad de esta prestación.
