De entre las 32 entidades federativas, la Ciudad de México se ubica en el sitio 19 y con una calificación reprobatoria de 4.82 para garantizar el derecho a la movilidad y armonizar su marco jurídico con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
Su posición en el sitio 19 la coloca por debajo de entidades como el Estado de México, Nuevo León, Sinaloa, Durango, Tamaulipas y Michoacán.
La consultora Céntrico, especializada en planeación, diseño, implementación y evaluación de proyectos de movilidad urbana sustentable, realizó el estudio “Evaluación de Leyes de Movilidad 2025. Ranking de legislación estatal de movilidad en México”.
El documento evaluó la normatividad vigente al 1 de junio de 2025 de cada entidad federativa, no solo leyes de movilidad, también de tránsito, transporte, control vehicular y otras de igual jerarquía relacionadas, para verificar la incorporación exigible de 57 componentes agrupados en 10 ejes.
Para cada entidad se revisó la ley estatal vigente y se cotejó, punto por punto, si cada componente está incorporado plenamente, parcial o ambiguamente u omitido.
De entre los 57 componentes que se revisaron están, por ejemplo, el control de velocidades máximas permitidas a automóviles, niveles máximos de alcohol, uso de cinturones de seguridad, uso de cascos para motociclistas, uso de teléfonos celulares al conducir, preferencia de paso a peatones, normas de protección a ciclistas, exámenes de conocimientos y habilidades para obtener la licencia de conducir.
También se evaluaron aspectos como el diseño de calles seguras, reparación integral del daño en caso de percances, seguro de responsabilidad civil, programas de control y restricción de vehículos, entre otros.
A partir de esa evaluación resultó que la entidad mejor calificada fue Chihuahua, al obtener 9.47 puntos y presentar un marco legal sobresaliente y consistente.
No fue el caso de la CDMX que con su 4.82 puntos de calificación permanece por debajo del umbral medio nacional, con un marco que requiere mejoras sustantivas para elevar su capacidad de implementación.
Sus áreas de mejora más claras se concentran en la falta de participación social y gobernanza, regulación de factores de riesgo y derechos de las víctimas.
De los 57 componentes evaluados, la capital del país incumplió en 27 de ellos, los cuales están relacionados con regular y vigilar el tránsito seguro y reducir los factores de riesgo vial, como el uso de casco para motociclistas, utilizar cinturón de seguridad, no usar el teléfono móvil mientras se conduce y controlar las velocidades máximas.
Tampoco se ha cumplido con el diseño de calles seguras, la aplicación de zonas de tránsito controlado y verificar la vigencia adecuada de las licencias de conducir.
