La represión a los pueblos y barrios indígenas de la Ciudad de México (CDMX) se revivió la semana pasada.
El origen del problema sigue siendo el mismo: el nulo diálogo del Gobierno de la CDMX, ahora en manos de Martí Batres, con los vecinos para modificar el Programa General del Ordenamiento Territorial (PGOT).
El 3 de diciembre de 2022, el gobierno de Claudia Sheinbaum intentó dar un albazo con la consulta del PGOT y el Plan de Desarrollo Urbano,
En Xochimilco la situación se salió de control y la policía entonces liderada por Omar García Harfuch reprimió a los pobladores que exigían respeto a sus tierras en sus pueblos y barrios.
Batres ya tenía el encargo de secretario de Gobierno y optó por el uso de la fuerza en lugar de dialogar con los habitantes de San Gregorio Atlapulco que además denunciaban obras ilegales del Sistema de Aguas de la CDMX.
Ahora ya no está Harfuch al mando de la policía, Batres es el Jefe de Gobierno y ha comenzado la discusión pública del Plan y del Programa para el desarrollo urbano de la capital del país.
Los pueblos y barrios junto con más vecinos de la CDMX han insistido en que esos instrumentos legales no deben aprobarse en sus términos en el Congreso capitalino.
Han mantenido las protestas y ahora que los integrantes de los pueblos y barrios buscaban diálogo con el gobierno de Batres, la respuesta fue la represión una vez más.
El gobierno de izquierda que conduce Batres volvió a optar por la fuerza en lugar del diálogo.
Una señal oscura para la Ciudad que se encuentra en año electoral. Reprimir a los vecinos que ejercen su derecho a la protesta es un hecho grave, que debe condenarse porque la demanda de los vecinos es legítima y responder con la fuerza es un acto de intimidación en una ciudad que debería ser de libertades.
