En un hecho inédito, la agente del Ministerio Público Lindsay Yaneth Arellano Quiroz, dirigió un escrito al Congreso capitalino para reclamar lo que calificó como “injustificada inactividad procesal parlamentaria” de parte de los diputados, por la falta de designación de un nuevo titular en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
A través del escrito, la agente dijo tener una legítima preocupación “respecto a la omisión legislativa que persiste en relación con la designación” tanto de un nuevo fiscal Anticorrupción como a la persona que encabece la Fepade capitalina.
ENCARGADO DE DESPACHO
Arellano Quiroz precisó en esta carta que es agente del MP titular A adscrita a la Fiscalía de Delitos Electorales y acusó que la omisión de los legisladores para nombrar a un fiscal ha derivado en un clima de inestabilidad institucional dentro de esa institución.
Expuso que la falta de una designación formal ha generado inestabilidad jerárquica, ausencia de controles institucionales y una deficiencia conducción administrativa, además de quebrantar el marco jurídico, abona a la opacidad, debilita la cadena de mando y deja sin garantía de validez las determinaciones que emanan de la Fiscalía electoral.
Denunció que con la llegada de Roberto Jesús Vargas Contreras como encargado de despacho de la Fiscalía de Delitos Electorales, se han documentado prácticas sistemáticas de favoritismo y exclusión, particularmente en el proceso de renovación de plazas.
Agregó que en esa renovación de plazas ella fue excluida arbitrariamente, no se le permitió participar en igualdad de condiciones y las mejores posiciones fueron asignadas discrecionalmente a personas allegadas a Roberto Vargas.
La agente del MP insistió que existen varias quejas internas y denuncias formales que apuntan a un patrón de violencia institucional y de género por parte del encargado de despacho, con hostigamiento laboral, violencia emocional y trato discriminatorio y ofensivo hacia mujeres servidoras públicas.
Lindsay Yaneth Arellano agregó que la recurrencia de esas prácticas por parte de Roberto Vargas y su equipo no solo vulnera la dignidad, integridad y derechos laborales de las víctimas, sino que compromete seriamente la responsabilidad del Estado en su deber de garantizar espacios libres de violencia, especialmente tratándose de instituciones públicas.
ILEGALIDAD
La agente del MP incluso dijo que la omisión para atender estos hechos podría traducirse en responsabilidades administrativas, civiles o incluso penales, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
También argumentó que la omisión legislativa representa una violación directa a los principios de celeridad, eficacia, legalidad y cumplimiento del deber parlamentario previstos en la Constitución de la Ciudad y en la Ley Orgánica del Congreso local.
EMPANTANADOS
En el Congreso capitalino se encuentra empantanada la designación de los titulares de las fiscalías especializadas en Anticorrupción y Delitos Electorales.
Ha pasado mes y medio sin que los legisladores avancen en el tema.
El 5 de febrero, el Consejo Judicial Ciudadano (CJC) entregó al Congreso de la Ciudad las ternas de candidatos a ambas fiscalías.
Ese día el CJC determinó que Luz Adriana Mercedes Greaves Muñoz, José Gerardo Huerta Alcalá y César Silva Mejía integran la terna a encabezar la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
También decidieron que la terna para la persona titular de la Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos Electorales estará conformada por Marisol Jiménez Martínez, Raymundo Guzmán Corroviñas y Daniel Osorio Roque.
Luego, el 19 de febrero, los diputados de la Comisión de Justicia realizaron las entrevistas a los candidatos, pero desde entonces los legisladores no han vuelto a reunirse para resolver las designaciones.
Ante el retraso, la agente del MP Lindsay Arellano calificó en su escrito que es jurídicamente inaceptable que después de semanas de haberse realizado las entrevistas, la Comisión de Justicia ha omitido generar el dictamen correspondiente.