El secretario de Gobierno capitalino César Cravioto reclamó a alcaldes y alcaldesas que no supervisen en calle y detengan las obras ilegales que se realizan en sus demarcaciones, pues acusó que esa falta de atención deriva en tolerancia en favor de dichas construcciones.
El funcionario habló así a propósito de un incremento de 140 por ciento en suspensiones y clausuras de obras ilegales por parte del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA) en lo que va de 2025.
“Hacemos un llamado a las alcaldías, primero que sus áreas de verificación, de sus direcciones generales de Gobierno estén recorriendo las calles porque muchas de esas obras no tenían un solo permiso.
“Al no tener un permiso quiere decir que ninguna autoridad le permitió realizar esa obra pero de alguna manera se toleran y cuando va el INVEA y hace su trabajo se suspende o se clausura la obra”, expuso Cravioto en conferencia de prensa junto con la jefa de gobierno Clara Brugada.
El funcionario añadió que el aumento en las suspensiones y clausuras por parte del INVEA se debe a que las autoridades de verificación se han avocado a atender todas las quejas ciudadanas que les llegan por correo electrónico, redes sociales y a través de los medios de comunicación.
“Todas se atienden y por eso se ha incrementado”, añadió el secretario de Gobierno.
Puntualizó que por alcaldía, donde más se ha intervenido tanto en clausuras como en suspensiones es en la Cuauhtémoc con 128, después Coyoacán con 47, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón con 38 y Benito Juárez con 36.
De enero a inicios de noviembre de este año, el INVEA realizó la implementación de medidas cautelares a más de 64 construcciones por no contar con la documentación correspondiente para su realización.
Esas acciones derivaron en más de 400 visitas de verificación efectuadas en toda la capital del país.
Asimismo, cerca de 260 obras han sido clausuradas, y más de 70 personas fueron remitidas al Ministerio Público por el delito de quebrantamiento de sellos, el cual es un delito que se castiga de 6 a 12 años de prisión.
Con esos datos, Cravioto enfatizó el exhorto a las alcaldías para que “hagan su trabajo, que revisen calle por calle cómo está la situación de las obras en sus comunidades, porque es parte de un reclamo que tuvo la ciudad hace algunos años por estas construcciones irregulares”, dijo.
