Con 43 votos a favor y 15 en contra, el Congreso capitalino, instalado como Constituyente Permanente, aprobó la minuta de reforma a la Constitución federal que prohíbe el uso de vapeadores y cigarros electrónicos, además de que establece el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas.
Esta tarde y en poco más de una hora de debate, legisladores de la oposición calificaron como un exceso y hasta como una locura imponer prohibiciones al uso de vapeadores.
INHALAR O PROHIBIR
El debate llevó a varios diputados a exhibir sus gustos recientes y pasados.
La legisladora de Movimiento Ciudadano Patricia Urriza terminó su discurso en contra de la reforma dándole una larga inhalación a su vapeador, desde la histórica tribuna del Congreso de la Ciudad.
Mientras lo hacía lamentó que el partido oficial haya olvidado uno de sus principios de izquierda como es el de “prohibido prohibir”.
El pevemista Jesús Sesma subió a la tribuna llevando un cesto de basura y entre risas dijo que tiraba al bote el último vapeador que fumaría en su vida, y subrayó que lo hacía por su familia y su salud.
Víctor Romo, diputado de Morena, reconoció que ha fumado marihuana y por ello aceptó estar a favor de la legalización.
Pero se dijo en contra de “esa maquinaria de adicción que consumen los niños”, en referencia a los vapeadores que, acusó, contienen sustancias de alta toxicidad como éter y etanol.
LA REFORMA
La modificación central a la Constitución federal que ya aprobó el Congreso de la Unión se encuentra en una adición al artículo 4 de la Carta Magna.
Ahí se prohíbe toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás dispositivos análogos.
También se sancionará la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito de fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas.
Una vez que la reforma salió del Senado y ya convertida en minuta, los congresos locales deben sesionar en su carácter de constituyente permanente para ratificar la modificación a la Carta Magna.
Aunque la reforma habla del fentanilo y de las drogas sintéticas, en el Congreso capitalino el debate se centró en el uso de los vapeadores.
EL DEBATE
Así, el diputado del PRI Omar García Loria, consideró que la prohibición a los vapeadores no elimina su uso, pues lo traslada a la ilegalidad.
Lamentó que los pocos espacios legales de venta y consumo pasarán a control del crimen organizado, junto un mercado y ganancias estimadas en 40 mil millones de pesos.
Agregó que esta prohibición favorecerá a tabacaleras y perpetuará un mercado negro descontrolado.
Ernesto Villarreal, coordinador de la diputadas del PT, argumentó que con la prohibición sobre los vapeadores se busca evitar las enfermedades provocadas por su uso.
Consideró que sobre los vapeadores se creó un falso discurso al asegurar que permitiría dejar el tabaco, lo cual es mentira.
Dijo que la verdad en torno a los vapeadores son las elevadas ganancias y un valor de mercado por 15 mil 40 millones de dólares.
Ana Buendía, legisladora de Morena, abundó sobre la idea al decir que como diputados no pueden permitir que intereses económicos prevalezcan sobre la salud de los ciudadanos.
Ricardo Rubio, del PAN, acusó de inicio que la reforma enfrenta un problema constitucional, pues dijo que la prohibición al uso de vapeadores debería estar en leyes secundarias y no en la Carta Magna.
“Como si ponerlo ahí (en la Constitución) hiciera sacrosantas las intenciones del gobierno”, expuso el legislador al añadir que prohibir el vapeo puede hacer que se incremente el uso del tabaco.
Según sus cifras, el vapeo genera 5 mil millones de pesos al año y ese dinero se trasladará al crimen.
Brenda Ruiz, vicecoordinadora de Morena, les dijo a los opositores que les hace falta más calle, pues desconoces que este tipo de productos se venden sin ninguna restricción afuera de las escuelas.
“Un millón de jóvenes ya inhalan y no sabemos siquiera qué consumen porque no hay una regulación sobre su producción”, expuso Ruiz.
Agregó que hay dos mil muertes comprobadas por vapeo y eso representa una carga al sistema de salud.
Para la diputada del PAN Olivia Garza esta prohibición es una orden que impuso Andrés Manuel López Obrador por motivos personales.
Consideró que la prohibición generalizada es una locura y un plumazo ordenado desde Tabasco.
“Obedece a los caprichos de un padre que para salvar a su hijo impone prohibiciones a todo un país”, criticó Olivia Garza.
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