A pesar del rechazo social que generó su aprobación en el Congreso capitalino, hoy Martí Batres promulgó la nueva Ley Ambiental de la CDMX.
Para el jefe de Gobierno se trata de una legislación que regirá las políticas públicas para la conservación, protección, aprovechamiento sustentable y restauración de los ecosistemas y la biodiversidad.
Para especialistas y organizaciones críticas de esa ley, dicha normatividad permitirá, entre muchas cosas, la explotación y privatización de espacios para fines turísticos y lucrativos asignados a la Secretaría de Medio Ambiente dentro de las áreas naturales protegidas.
El propio Batres envió la iniciativa de esta ley al Congreso local el pasado 21 de marzo y menos de cuatro meses después ya se promulgó en la Gaceta Oficial capitalina para su entrada en vigor.
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Este jueves el jefe de Gobierno organizó un evento en el patio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento para presentar el decreto publicado en la Gaceta Oficial que expide la nueva Ley Ambiental y abroga la Ley Ambiental de Protección a la Tierra.
¿BONDADES?
En ese evento Batres destacó la importancia de incluir el Artículo 159, contenido en el Capítulo VII, pues define que el agua es un bien público de la Ciudad de México, con lo cual se prohíbe su privatización.
También destacó la inclusión de programas de certificación de edificaciones sustentables.
Dijo que se fortalece el fomento a la captación de agua de lluvia; el tratamiento y reutilización de aguas, y se establece la categoría de cuerpos de agua como Áreas de Valor Ambiental y la clasificación de “Cinturones Verdes” para evitar la expansión de la mancha urbana hacia el suelo de conservación.
Además, se impone la obligación de las empresas constructoras de destinar el tres por ciento del presupuesto de sus obras para la ejecución de medidas ambientales.
Las Alcaldías estarán obligadas a contribuir en la implementación de la estrategia para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Presente en el evento, la titular de la Sedema Marina Robles García, informó que la Ley Ambiental recoge el intercambio con organizaciones de la sociedad civil, empresarios y otras dependencias capitalinas.
La nueva norma, expuso, se compone de seis títulos, 33 capítulos y 335 artículos, que contemplan disposiciones para la protección, manejo y restauración del suelo de conservación, áreas verdes, áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas, áreas comunitarias de conservación ecológica y cuerpos de agua.
Resaltó que la Ley refuerza la importancia de la participación ciudadana en el cuidado del medio ambiente y comentó que se conformará un Consejo Asesor para brindar apoyo interinstitucional en materia ambiental.
Aseguró que en el Título Quinto esa ley hace énfasis en el compromiso de la Ciudad con la participación ciudadana.
Ello incluye el respeto a todos los convenios internacionales y todos los compromisos que nuestro país y la ciudad ha asumido, entre ellos, los Acuerdos de Escazú.
PUEBLOS Y BARRIOS
“La Ley, por supuesto, reconoce la consulta indígena y de pueblos originarios, pero, además, le abre espacio a una consulta de los vecinos”, destacó Robles.
Ese tema ha generado una de las principales críticas hacia dicha norma, por parte de organizaciones como el Colectivo Claudia Cortés y el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios de la Cuenca del Anáhuac.
Los colectivos vecinales denunciaron que la nueva Ley Ambiental plantea la existencia de un Consejo Asesor, en el que no se incluye la obligación de incluir a pueblos y barrios.
Además, señalaron, nunca se establece la necesidad de someter a consulta la Ley con pueblos y barrios originarios, pese a que se trata de una normatividad que incide en los territorios.
