La presidenta municipal de León, Guanajuato, Alejandra Campos, enfrenta señalamientos por posible conflicto de intereses, así como por presunta corrupción y tráfico de influencias, luego de que el arquitecto encargado de construir su residencia privada recibiera contratos del propio ayuntamiento por más de 3.5 millones de pesos. Las adjudicaciones coinciden con el periodo en que se edificaba su vivienda, valuada en más de 15 millones de pesos.
El arquitecto Octavio Humberto Aguilar Salmerón fue responsable del diseño y construcción de la casa de Campos en el fraccionamiento Santa Brígida. Al mismo tiempo, figuraba como representante de la empresa TerraLab Consulting S.A. de C.V., beneficiada con diversos contratos municipales para mantenimiento de viveros y áreas verdes.
Entre los convenios asignados destacan el DGJA-CPS-004-2023, por 580 mil pesos, firmado por Susana Mendoza, entonces titular de Medio Ambiente; y el DGJA-CPS-004-2024, por 166 mil pesos, suscrito por Jaime Samperio Vázquez. Ambos fueron otorgados durante el periodo en que Aguilar Salmerón trabajaba en la residencia particular de la alcaldesa.
También se registraron los contratos SE-264024, por 143 mil 247 pesos, para mantenimiento de áreas verdes; SE-433024, vigente del 13 de marzo al 31 de diciembre de 2024, por 1 millón 221 mil pesos, para mantenimiento del vivero municipal; y SE-435024, firmado por Samperio Vázquez, por 1 millón 466 mil 325 pesos, destinado a mantenimiento especializado. Las cifras y fechas de las adjudicaciones aparecen documentadas en el portal de transparencia del gobierno municipal.
Además de su papel como contratista y arquitecto particular de Campos, Aguilar Salmerón integraba el Consejo Ciudadano del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), el organismo que define las políticas de desarrollo urbano de León. Su posición en el consejo le daba acceso a información sobre proyectos y decisiones del mismo ramo en el que opera profesionalmente.
La alcaldesa reconoció, en declaraciones al diario AM, que Aguilar Salmerón ejecutó el 85% de la construcción de su vivienda. Asimismo, admitió que el arquitecto trabajaba simultáneamente para ella, para el gobierno municipal, en materia de obra pública, y como consultor en materia de desarrollo urbano, lo que configura un triple conflicto de intereses.
