Presos en el limbo: La legislación retiene por años a los sujetos sometidos a proceso, sometiéndolos a hasta 10 años de prisión preventiva.
La prisión preventiva se estableció como un mecanismo de control contra la impunidad, al evitar la fuga de presuntos culpables y asegurar que estos se enfrenten al debido proceso.
Sin embargo, la medida se ha visto limitada en el cumplimiento de su objetivo debido a jueces y fiscalías que piden el encarcelamiento prematuro de los implicados.
Esto aseguró en entrevista con El Heraldo Media Group, el Dr. Juan Jesús Garza Onofre, perteneciente al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
«Más mano dura, más gente en las cárceles no vienen a reducir los índices de inseguridad y de violencia», dijo el académico.
De esta forma, cientos de reclusos pueden permanecer años a la espera de la confirmación de su situación de legal.
Siendo los más afectados los reclusos pobres, quienes generalmente no pueden acceder a un tipo de atención legal personalizada.
Presos no se ven beneficiados por las cárceles
El doctor continuó, bajo una premisa que concede un valor negativo a la utilidad de los penales en México, que las cárceles no cuentan con una verdadera política de readaptación.
“Hay un discurso de que las cárceles son la solución para todos los delitos en todo México”, lamentó.
Uno de los factores por los que observa obsoleto es que, dentro de los reclusorios se someten a castigo a personas bajo mandato de autogobierno incluso antes de ser legalmente culpables.
Y es que, si bien este es un tipo de medida cautelar favorable para ciertos casos que justifican la decisión—como en el caso de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, con quien se aplicó la prisión preventiva para evitar que pudiera escapar de la justicia—, el grupo mayoritario en el que recae este tipo de acción legal es la clase baja.
Situación que se presta para aumentar los casos de impunidad del país.
Además de, contrario a lo que se busca, introducir a sujetos dentro del semillero criminal que representan los penales.
Así, en vista del problema, el próximo cinco de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá las modificaciones sobre la medida.
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