Inquilinos violentamente desalojados hace cuatro meses del predio de Cuba 11 en el Centro Histórico, así como colectivos solidarios, entregaron ayer en el Congreso capitalino una iniciativa ciudadana que busca evitar los desalojos ilegales, fraudulentos y violatorios de los derechos humanos.
Los promotores de la propuesta llegaron al Congreso local justo cuando se vivía la confrontación entre el PAN y la 4T por la toma de la tribuna, lo que llevó a la coordinadora de Morena Xóchitl Bravo a acusar que se trataba del Bloque Negro enviado por la oposición.
El señalamiento de la morenista derivó en que personal de Resguardo del Congreso de la Ciudad preparara extintores para repeler agresiones al recinto, mientras afuera una movilización pacífica esperaba que les recibieran su iniciativa.
Mientras al interior del recinto de Donceles y Allende había un ambiente de tensión, afuera los inquilinos de Cuba 11 daban lectura a un pronunciamiento sobre el contenido de su propuesta que busca reformar la Constitución local, el Código Civil, la Ley de Turismo, entre otras normas.
Luego de relatar lo que han vivido durante y después del desalojo que los llevó a pernoctar en la calle, los habitantes de Cuba 11 subrayaron que se propuesta busca el respeto a los derechos humanos de quienes rentan u ocupan una vivienda.
Recordaron que el gobierno de Clara Brugada les prometió la recuperación del inmueble de Cuba 11 y, si bien les han brindado apoyo de renta y alojamiento temporal en hoteles cercanos, aún no se ha concretado la expropiación del inmueble.
En el contenido de la iniciativa ciudadana destacan aspectos de la reforma constitucional, pues se plantea que todo desalojo se ejecutará en casos excepcionales y para poder concretarlo se tendrá que garantizar previamente lo establecido en el párrafo primero del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Además, será obligatorio para las autoridades promover programas y leyes que permitan garantizar el derecho al arraigo y por lo tanto a la vivienda con arraigo.
Se propone que el gobierno capitalino tendrá a su cargo el control de precios de alquiler y adquisición de suelo habitacional para vivienda, a fin de evitar la especulación.
Los inquilinos plantean una prohibición en el uso de suelo habitacional para cambiarlo a un uso distinto al de vivienda.
También se propone que el Instituto de Defensoría Pública (el cual no se ha creado) tendrá por lo menos un área especializada de defensa inquilinaria, una de defensa en casos de desalojos de viviendas y otra de defensa del territorio de pueblos y barrios originarios.
En la Ley Constitucional de Derechos Humanos, la propuesta ciudadana es que el Estado tendrá la obligación de adoptar medidas contra el desalojo arbitrario, ilegal y violatorio de derechos humanos de los ocupantes de la vivienda.
Por ello, se reitera que los desalojos serán en casos excepcionales y la última opción, por lo que previamente se deberá garantizar y comprobar que se hizo el esfuerzo por conciliar la entrega pacífica de un inmueble o el arreglo amistoso.
Además, las personas que serán afectadas tendrán el derecho a no sufrir discriminación, que se estudien todas las posibilidades para evitar o minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza.
También se garantizará la debida indemnización en caso de ser privados de bienes o sufrir pérdidas inmateriales; y contar con las debidas garantías procesales, lo cual incluye la obligación del juez de dar audiencia a las personas afectadas por un posible lanzamiento.
Las autoridades competentes deberán garantizar el adecuado realojamiento y reubicación de las personas desalojadas, en un radio que garantice su derecho al arraigo, priorizando sobre aquellas sin recursos o que se encuentren en algún grado de vulnerabilidad por su condición social, económica, de edad, cultural u otra.
