Al margen del Consejo Consultivo para el Ordenamiento del Comercio en Vía Pública que se suponía el espacio para generar estas propuestas, diputados de la 4T presentaron hoy ante el Pleno del Congreso local una iniciativa para crear la Ley que Regula el Comercio en el Espacio Público de la Ciudad de México.
Suscrita por los legisladores de Morena Pablo Trejo y Juan Rubio Gualito, así como por su aliada y dirigente de vendedores informales del Centro Histórico Diana Sánchez Barrios, la iniciativa plantea seis ejes estratégicos.
De hecho, la iniciativa rescata elementos de una propuesta legislativa que Sánchez Barrios ha impulsado desde hace por lo menos un sexenio llamada la “Ley Chambeando Ando”.
INSTITUCIONALIZAR LA CALLE
Así, en esta iniciativa de la 4T se reconoce jurídicamente el comercio en el espacio público como una actividad legítima y parte del derecho humano al trabajo digno, esto mediante una formalización progresiva, estableciendo derechos y obligaciones claros para las personas comerciantes.
Así, se pretende institucionalizar el uso de la vía pública con puestos fijos, semifijos y móviles que podrán operar en “Zonas Especiales de Comercio y Cultura Popular” bajo estándares de seguridad y calidad establecidos en los planes de las alcaldías y el Reglamento que surja de esta ley.
COORDINACIÓN
Se regula la coordinación institucional entre el Gobierno de la Ciudad, las Alcaldías y las asociaciones de comerciantes, a fin de superar la dispersión de competencias que actualmente existe entre el Gobierno Central y las Alcaldías, donde cada autoridad aplica criterios distintos para regular el comercio en el espacio público. Para ello, propone definir con precisión las atribuciones de cada nivel de gobierno, crear un Consejo de Comercio en el Espacio Público como instancia de coordinación interinstitucional y participación ciudadana, y establecer protocolos uniformes para la planeación, reubicación, verificación y resolución de conflictos.
La propuesta parte del diagnóstico de que en la CDMX hay entre 170 mil y un millón de comerciantes informales y de que la ausencia de una legislación general en la materia ha provocado una fragmentación normativa y administrativa que obstaculiza el ordenamiento sostenible del comercio en la vía pública.
SEGURIDAD SOCIAL
La iniciativa busca revertir la exclusión histórica del comercio popular de los sistemas de seguridad social, crédito y capacitación.
Así, propone establecer convenios con el IMSS y el ISSSTE para facilitar la afiliación voluntaria, impulsar programas de capacitación comercial, financiera y digital en coordinación con SEDECO y STyFE, y crear mecanismos de microfinanciamiento y crédito solidario con apoyo de la banca social.
Asimismo, promueve la inclusión financiera y tecnológica a través del uso de herramientas digitales y sistemas de pago electrónico.
LA CALLE: UN BIEN COMÚN
La ley propone un “uso equilibrado y sostenible del espacio público, reconociéndolo como un bien común que debe armonizar funciones de movilidad, convivencia, cultura y trabajo”, se lee en la exposición de motivos.
Para ello, plantea delimitar zonas autorizadas y corredores comerciales con base en criterios técnicos, establecer normas de ocupación, horarios y limpieza, e incorporar los principios del derecho a la ciudad, garantizando accesibilidad, equidad y convivencia social.
Asimismo, impulsa mesas de concertación vecinal para planificar nuevas áreas de comercio popular con participación comunitaria. Con estas acciones, se busca consolidar un modelo urbano ordenado e inclusivo, donde el comercio en la vía pública se integre de forma funcional y respetuosa al entorno urbano.
La ley establece la obligación de aplicar protocolos de protección civil y seguridad, en coordinación con las autoridades competentes, e integra estos criterios en los permisos y verificaciones administrativas.
SIETE AÑOS DESPUÉS
Compuesta por 78 artículos, esta iniciativa sería reglamentaria del artículo 10, apartado B, numerales 12 y 13, de la Constitución Política de la Ciudad de México.
La propia Constitución local mandató al Congreso expedir la legislación reglamentaria correspondiente y, de hecho, el Vigésimo Séptimo Transitorio fijó el deber de emitirla dentro del año siguiente a la entrada en vigor de la Constitución de la Ciudad, por lo cual existe un retraso de siete años.
