Piden pena máxima para el asesino de Ingrid Escamilla

Piden pena máxima para el feminicida de Ingrid Escamilla
FOTO: Andrea Murcia/Cuartoscuro

La madre de Ingrid espera que la justicia juegue a su favor con el fin de que el caso sirva de experiencia para los feminicidas. 

El próximo 12 de octubre se continuará la audiencia del caso de feminicidio de Ingrid Escamilla. 

Luego de que el pasado cinco de septiembre, el juez considerara importante resolver cuestiones técnicas antes de la resolución. 

Situación que el asesor jurídico de la familia, Javier Gallardo, consideró acertada para la generación de la reposición de la justicia. 

En entrevista para El Heraldo, la madre de la víctima expresó que, aunque espera la pena máxima, los daños cometidos por el feminicida de Ingrid no serán jamás saldados. 

“Esperamos que le den 70 años, que son pocos para la dimensión del hecho que le hizo, es muy poco. 

“(esa pena) no me va a devolver a mi hija, pero que sirva de experiencia, porque los feminicidios no paran”, aseguró.  

El feminicidio de Ingrid Escamilla 

Ingrid Escamilla fue asesinada y desollada a manos de su pareja el pasado 9 de febrero de 2020. 

Durante una discusión entre la pareja, Erik Francisco “N” de 46 años, la apuñaló por el cuello para, posteriormente, continuar con el ríspido relato. 

El testigo directo del crimen fue el propio hijo del inculpado, quien presenció los actos de su padre dentro del domicilio. 

El violento asesinato llamó la atención de los usuarios de redes sociales luego de que agentes de seguridad publicaran fotografías de la escena del crimen. 

Así, la población indignada ante la acción carente de ética por parte de los oficiales incendió las discusiones. 

La presión por parte de la comunidad logró que el evento penetrara dentro de la esfera legal. 

Por lo que el caso de Ingrid fue un parteaguas en la lucha por la dignificación de las víctimas de la última expresión de violencia de género. 

A partir del movimiento, el acontecimiento promovió la creación de la Ley Ingrid, la cual castiga hasta con diez años de prisión a servidores públicos que graben, reproduzcan, compartan, distribuyan o comercialicen información, indicio o evidencia relacionados con una investigación penal o condiciones personales de una víctima. 

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