Especialistas en materia de planeación pidieron al Congreso capitalino un parlamento abierto para escuchar e incluir la pluralidad de propuestas en el Plan General de Desarrollo (PGD) y el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT).
“Demandamos que se abra un parlamento abierto, con sesiones públicas para expertos y ciudadanía.
“Que todos sean escuchados por los diputados antes de la dictaminación”, expuso Mónica Tapia, directora de la organización Ruta Cívica en conferencia de prensa.
Los especialistas convocaron a conferencia para hablar de los yerros contenidos en los proyectos del Plan y el Programa que Claudia Sheinbaum envió al Congreso hace un mes, antes de dejar la jefatura de gobierno.
Armando Rosales, presidente en la CDMX de la Asociación Mexicana de Urbanistas, acusó la falta de una Ley de Ordenamiento Territorial.
Explicó que esa ley debió aprobarse en el Congreso desde hace tres años, para definir desde ahí las reglas generales de ordenamiento territorial y las normas para la ocupación del suelo urbano.
Hoy todo se quiere hacer desde el PGOT, pero ello derivará en vacíos que pueden generar la judicialización del territorio en la Ciudad, explicó el arquitecto.
Añadió que tampoco habrá certeza jurídica para pueblos y barrios y tampoco para desarrolladores inmobiliarios.
Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, acusó que el proyecto del Plan y el Programa propician la ocupación del suelo de conservación, así como la regulación de los asentamientos irregulares.
Dijo que en esos documentos se presentaron deliberadamente mapas imprecisos, con la intención de sobre representar las invasiones y consolidar la urbanización de la región.
Ello facilitaría los asentamientos y la llegada de plataformas como Airbnb, en detrimento de los servicios ecosistémicos existentes.
“No se contempla aumentar esos servicios ecosistémicos ni en el Plan ni en el Programa”, lamentó Zambrano.
Naxhelli Ruiz, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, dijo que es necesario recuperar la pluralidad de voces, generar documentos técnicos, hacer evaluaciones de los escenarios a enfrentar y tener certeza jurídica de lo que se puede hacer.
Todo ello, añadió, se tiene que hacer ahora desde el Congreso de la Ciudad.
La también presidenta de la Comisión Técnica de Resiliencia Urbana en el Consejo de Resiliencia de la CDMX, alertó de los riesgos que se pueden generar en caso de aplicarse la afirmativa ficta.
“No vamos a tener la oportunidad de contar con un Plan y un Programa hasta dentro de 15-20 años y va a ser muy tarde para atender muchos de los problemas que hemos señalado”, explicó.
Luis Zambrano añadió que si ambos documentos se aprueban como están no habrá parámetro para establecer una defensa contra lo que es un mega desarrollo, por ejemplo.
“Se corre el riesgo de seguir desordenados y eso es lo peor que puede pasar para la sustentabilidad”, dijo.
Armando Rosales insistió que de aplicarse la afirmativa ficta se tendría un problema de incompatibilidad entre estos instrumentos y las leyes de planeación.
