Los consejeros del Instituto Electoral capitalino (IECM) aprobaron esta noche los lineamientos para que medios de comunicación, pero también universidades, sindicatos y hasta dependencias del sector público sin importar que tengan a su cargo programas sociales, puedan organizar foros de debates con candidatos locales a jueces y magistrados.
Los debates deberán tener la mayor difusión y deberán ser de acceso gratuito.
Antes de su aprobación, la redacción original del acuerdo establecía que los foros de debate podían organizarse por medios de comunicación, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y personas físicas o morales.
Pero a propuesta de la consejera Sonia Pérez se incluyó en la redacción la mención de que pueden organizar debates los sectores público, privado y social.
La consejera también planteó que los foros pueden organizarse por universidades, sindicatos y organizaciones profesionales.
Se añadió a propuesta de la misma Sonia Pérez que los organizadores de estos foros informen al IECM los resultados de los foros, con datos que contengan la notificación con evidencia de una convocatoria equitativa, aforo, entre otros aspectos.
También se incluyó prohibir que los organizadores puedan negar la participación de candidatura con pretextos como la agenda, tiempo o espacio.
Así, ningún candidato podrá ser excluido arbitrariamente y se garantizará la equidad.
Los foros deberán tener participación paritaria, es decir, los organizadores tendrán la obligación de invitar tanto candidatos hombres como mujeres.
Pero propuesta de Sonia Pérez no contó con el respaldo del resto de los consejeros.
Ella planteó prohibir la organización de foros por parte de instancias ejecutoras de programas sociales, así como impedir la participación de servidores públicos como moderadores de esos foros.
La consejera Erika Estrada, una de las opositoras a esa propuesta, dijo que el IECM no puede impedir que una instancia ejecutora de programas sociales participe en la organización de foros de debate, pues ello implicaría excluir al sector público.
Consideró que lo importante es cuidar que no se haga promoción con recursos públicos o que se use programas sociales para dicho propósito y recordó que ello ya está regulado por la misma legislación electoral.
Lo que sí quedó claro en los lineamientos es que ni los partidos políticos ni las agrupaciones políticas locales pueden ser organizadoras de esos foros de debate.
