Los Pandora Papers son una fotografía de la relación de la política y el poder a lo largo del planeta.
Hay 35 jefes y ex jefes de Estado que tienen dinero invertido en empresas offshore y en fideicomisos que les permiten ocultar el tamaño de su riqueza.
600 periodistas, agrupados en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) trabajaron por dos años para escudriñar 12 millones de documentos que por lo pronto muestran el tamaño de la fortuna del rey de Jordania, los presidentes de Ucrania, Kenia y el Ecuador, así como el ex primer ministro británico, Tony Blair.
Los recursos pueden ser lícitos en muchos casos, pero el asunto es que decidieron ocultar su poder financiero para comprar empresas, propiedades y palacios.
Este tipo de inversiones reditúan poco en intereses, pero permiten la discreción.
Es decir, uno de los incentivos más fuertes es el de ocultar la riqueza, por motivos estratégicos, de negocios, pero también de corrupción.
Ese es el meollo del asunto, y sería importante que en cada país y por supuesto en México, se indague la procedencia de esos recursos para cerciorarse de que no sean producto de evasiones al fisco o de blanqueo de recursos del crimen organizado.
Otro dato por demás relevante, es que el centro más importante para ocultar el dinero es Estados Unidos, donde por medio de fideicomisos se pueden llegar a estructuras que envidarían los destinos más poco transparentes del mundo.
Pandora y la política
Tan solo en Dakota hay inversiones sospechosas por 360 mil millones de dólares, un negocio redondo para las empresas, bancos y abogados que se han especializado en el tema.
Si bien el balconeó, en el buen sentido de la palabra, que propició la investigación del ICIJ puede generar molestias y abollar reputaciones, lo que se puede ganar es mucho más importante, porque cortaría de tajo con la doble moral de quienes exigen la vigencia del Estado de Derecho, pero son capaces de vulnerarlo cuando les conviene.
Hay casos de la picaresca, como el senador Armado Guadiana, quien andaba exigiendo que la Unidad de Inteligencia Financiera indagara el comportamiento de las universidades públicas, cuando el olvidó consignar en su declaración patrimonial, a la que están obligados todos quienes trabajan para el Estado, sus millones de dólares invertidos en paraísos fiscales.
Un caso especial es el de los Legionarios de Cristo, que mientras crecía el escándalo por las inmoralidades delincuenciales de Marcial Maciel, ya habían iniciado la transferencia de recursos a cuentas y fideicomisos difíciles de rastrear en Nueva Zelanda, en una nada edificante conducta y más por tratarse de una organización religiosa.
Lo hicieron para que la intervención que hizo el Vaticano de la orden, no les significará perder lo que más preciaban: el dinero.
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