El Gabinete de Seguridad federal informó sobre la detención de seis personas en Morelos y Querétaro, entre ellas funcionarios municipales, exservidores públicos y empresarios, como parte de una investigación por presuntos delitos de delincuencia organizada y extorsión en la región oriente de Morelos.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que las indagatorias identificaron actividades de cobro de cuotas y amenazas contra comerciantes, transportistas y habitantes de municipios cercanos a Cuautla, donde grupos criminales buscaban consolidar control territorial mediante esquemas de presión y extorsión.
De acuerdo con el funcionario, el reforzamiento de la estrategia federal de seguridad en Morelos, implementado desde abril pasado por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, permitió ampliar las capacidades operativas y de inteligencia de las fuerzas federales en la entidad.
La Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la SSPC desarrollaron acciones coordinadas que derivaron en cateos y órdenes de captura contra personas presuntamente relacionadas con una estructura de corrupción y protección institucional.
Entre los detenidos se encuentran Agustín “N”, alcalde de Atlatlahucan; Irving “N”, exalcalde de Yecapixtla; Horacio “N”, secretario municipal de Cuautla; Jonathan “N”, tesorero municipal de Cuautla; además del empresario Pablo Adrián “N” y Arisbel Rubí “N”, excandidata a una presidencia municipal.
Las autoridades señalaron que continúa la localización de Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla, quien cuenta con una orden de aprehensión pendiente de ejecución.
Asimismo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció el bloqueo de cuentas y operaciones de 32 sujetos vinculados con esta red, entre ellos 22 personas físicas y 10 empresas. Las investigaciones apuntan a presuntos vínculos entre actores políticos, funcionarios municipales y un operador regional del Cártel del Pacífico.
El Gobierno Federal sostuvo que estas acciones buscan frenar esquemas de corrupción asociados a organizaciones criminales y fortalecer la coordinación institucional para combatir la extorsión y recuperar condiciones de seguridad en la región.
