Opacidad educativa. Desde el inicio de esta administración se ha demostrado que el gobierno no quiere una ciudadanía bien preparada.
Por ello, la política educativa va de mal a peor, la ignorancia es el mejor instrumento para los tiranos.
Se desapareció al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED).
Un organismo encargado de la construcción y mantenimiento de escuelas y se creó un programa clientelar denominado “La Escuela es Nuestra”.
Esto para delegar esa responsabilidad en comités integrados por directivos, maestros y padres de familia que en su mayoría desconocen del tema eminentemente técnico de mantener la estructura de una escuela.
El golpe más reciente, fue desaparecer el programa de Escuelas de Tiempo Completo.
Ello elimina una atención integral educativa y de alimentación para niños, niñas y adolescentes; hijos e hijas de mujeres y hombres que tienen que trabajar.
Ahora a través de la asignación directa de recursos públicos a padres de familia se pretende, según el desgastado discurso gubernamental, terminar con la intermediación y la corrupción.
Sin embargo, esa asignación directa es discrecional y con total opacidad, lo que genera un manejo clientelar, asistencialista y de manipulación para fortalecer las bases electorales del partido en el poder.
Opacidad educativa
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya ha detectado diversas irregularidades e inconsistencias en el programa La Escuela es Nuestra, cuyas reglas de operación son poco claras y totalmente flexibles ante la corrupción.
Ejemplo de ello son los resultados de la Tercera Entrega de la ASF en torno a la Cuenta Pública 2020, donde se detectan irregularidades por más de 574 millones de pesos, cantidad que no pudo comprobarse fuera aplicada para los fines del programa.
Por ello, la titular de la SEP, Delfina Gómez, deberá explicar las reglas de operación.
Y los mecanismos de rendición de cuentas en la reunión que sostendrá el 6 de abril con miembros de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
Entregar recursos públicos de forma directa a comités conformados por padres de familia, no garantiza que dicho recurso se aplique al objetivo por el cual fue creado el programa de Escuelas de Tiempo Completo, violando el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.
Estudios de organizaciones nacionales e internacionales, han demostrado que una mala alimentación entre las niñas, niños y adolescentes, generan menores capacidades de aprendizaje y aprovechamiento.
La más reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2018), menciona que alrededor de un millón cien mil niñas y niños presentan desnutrición o baja talla y peso para su edad.
Sin embargo, el gobierno federal antepone sus intereses políticos y electorales, por encima del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, una política asistencialista y clientelar para satisfacer el ego y el capricho de una persona, el Presidente autoritario.
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