Ocho militares involucrados en el caso Ayotzinapa fueron puestos en libertad. Salieron de la prisión en la madrugada de este 24 de enero. Razón por la cual a partir de ahora llevarán su proceso en libertad.
La jueza Ivette Duarte fue la encargada de tomar esta decisión. Pues de acuerdo con ella, la Fiscalía General de la República (FGR) no aportó las pruebas suficientes para mantener la medida cautelar. Además, fijó una serie de condiciones.
Entre ellas está el pago de una garantía de 50 mil pesos, así como la entrega de su pasaporte. De igual forma no se pueden acercar al estado de Guerrero, comunicarse o aproximarse a víctimas ni testigos protegidos del caso.
Adicionalmente tendrán que presentarse los días 1 y 16 de cada mes ante el juzgado de distrito, para la firma del libro de procesados.
Con esta medida sólo quedarán en prisión cinco militares, entre ellos un general, que son los únicos cuya presunta responsabilidad habría reconocido el Ejército. Tres de ellos también están acusados de delincuencia organizada. Presuntamente colaboraban con un cártel local que traficaba droga hacia Estados Unidos.
Ocho militares involucrados en el caso Ayotzinapa fueron puestos en libertad
El rechazo de la Fiscalía General de la República
La Fiscalía General de la República en un comunicado externaron su rechazo ante la decisión de la jueza. Además, detalló que presentará los recursos para garantizar los derechos y seguridad de las víctimas.
«La Fiscalía General de la República (FGR), rechaza de manera tajante la determinación de la Jueza del Segundo Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo y de los Magistrados del tribunal colegiado correspondiente.»
«Por lo anterior, aplicando procedimientos de amparo y de ampliación de amparo con el propósito de generar una evidente situación de injusticia, que está afectando a 43 desaparecidos, a sus familias, a su seguridad y a la nación misma, dada la brutalidad de los abusos cometidos y del peligro de una libertad procesal »
Murillo Karam
Hasta el momento el ex procurador general Jesús Murillo Karam, es el funcionario con mayor rango vinculado con el caso. Pues se acusa de por obstrucción a la justicia, tortura y desaparición forzada. Razón por la cual se encuentra en prisión preventiva.
En noviembre, un juez federal le concedió el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria por cuestiones de salud, pero sigue encarcelado porque tal decisión solo afectaba a uno de los varios casos que hay en su contra.
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