Observatorio Nacional Ciudadano: «Fracaso en combatir estructuras económicas criminales»

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El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), presentó el estudio Evaluación de las acciones contra el lavado de dinero en los estados, que analiza el desempeño de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), creadas para combatir las estructuras patrimoniales y económicas de la delincuencia en las
entidades federativas, el cual concluye que estas Unidades no han arrojado los resultados esperados frente a los grupos delictivos a más de una década de su creación.

Francisco Rivas, director del ONC, señaló que la ausencia de resultados obedece a que existen serios problemas de diseño, implementación y evaluación de esta política pública que ha sido fuertemente impulsada desde 2018, al grado de ser un componente de la Estrategia Nacional
de Seguridad Pública y de la Estrategia Nacional Antilavado del actual gobierno federal.

Lamentó que la evidencia pública sobre sus resultados sea escasa.

En ocasiones, dijo, es difícil determinar si las unidades existen y son operativas.

Resaltó que no fue posible conocer la cantidad de funcionarios públicos que trabajan en estas unidades a pesar de que las UIPE están adscritas en las fiscalías y procuradurías, en las secretarías de finanzas o hacienda o en las secretarías de seguridad estatales.

Rivas destacó que aun cuando el diseño de esta política considera como primordiales los indicadores de incidencia delictiva para definir el modelo de UIPE que convendría a cada entidad, en la realidad no hay evidencia contundente que demuestre que así se han definido.

Además, el modelo propuesto por la UIF requiere adecuaciones según la institución donde esté adscrita cada unidad.

A pesar de que, en teoría, las unidades ya cuentan con 4 años de desempeño institucional o de operación formal, Francisco Rivas enfatizó que estamos muy lejos de saber el impacto de estas unidades, ya que todavía hay pendientes severos de implementación.

Las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), no han
arrojado los resultados esperados a más de una década de su creación.

Otro pendiente es la capacitación del personal, ya que según la
investigación solo el personal de 11 UIPE ha recibido al menos un curso
de capacitación.

En total se identificaron 105 cursos, pero el 70% de estos ha sido sobre temas ajenos a la función central de las unidades.

El reporte da cuenta que el financiamiento de las unidades es
principalmente a partir del Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública (FASP).

Apenas en 2022, los Convenios del FASP con las entidades federativas muestran que se destinaron 26.06 millones de
pesos a estas unidades.

De ese monto, 24.15 millones de pesos se
originaron de aportaciones federales (92.6%) y 1.92 millones de pesos
por aportaciones estatales (7.4%).

El informe destaca que entre 2021 y
2022 los recursos del FASP destinados a la creación o fortalecimiento de UIPE disminuyeron más de 55% en términos reales.

Rivas confirmó que la poca información sobre las acciones de las UIPE en relación con la investigación de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita muestra que los resultados son escasos.

Por ejemplo, en 2022 identificó que la unidad de Guanajuato cuenta con 42 carpetas de investigación; Querétaro con 30 de las cuales 8 se judicializaron; Tlaxcala con 2 y Baja California con 2 en materia de extinción de dominio.

El informe también criticó la falta de transparencia por parte de las unidades y de las instituciones en las que están adscritas.

Únicamente 9 UIPE contestaron en su totalidad las preguntas planteadas por el ONC: Baja California Sur, Durango, Ciudad de México, Chiapas, Colima,
Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Zacatecas.

El estudio señala que las labores de la UIF en la conducción y supervisión de esta política han sido insuficientes.

Aunque existe una coordinación encargada de este tema, los indicadores que utiliza para monitorear la implementación no miden el desempeño de las UIPE ni verifican aspectos sustantivos de sus actividades.

Rivas destacó que, durante la actual gestión de la UIF, se desconoce si ya se puso en funcionamiento la plataforma de la Red Nacional de UIPE, facultad
exclusiva de la UIF.

El documento advierte que el Estado mexicano ha perseverado sin éxito en esta política por más de una década.

Por ende, el ONC considera que no se debe insistir en el fortalecimiento y creación de las UIPE bajo el mismo planteamiento de política pública.

Rivas sostuvo que, si aún se intenta lograr que las UIPE combatan las estructuras económicas y patrimoniales de la delincuencia, la ruta será muy larga y se deberán subsanar los problemas de diseño, fallas de implementación y fomentar la evaluación continua de esta política.

Sin estos ajustes, sentenció, no habrá resultados.

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