Informe #GobiernoEspía coincide con investigaciones de Amnistía Internacional

Ciudad de México. Amnistía Internacional México hizo pública las preocupaciones al confrontar la informanción de sus investigaciones de espionaje de personas defensoras de Derechos Humanos, periodistas y activistas con el reciente informe #GobiernoEspía, donde se documenta el uso de herramientas de software por parte del Gobierno mexicano para controlar y vigilar a personas o movimientos críticos. 

En un mundo donde los poderosos imponen de forma creciente un discurso dañino que menoscaba los derechos humanos, los derechos a la privacidad y a la libertad de asociación y de expresión son más importantes que nunca.

Además, Amnistía aseguró que "a combinación de vigilancia selectiva, nuevas tecnologías para amenazar y silenciar a las personas, el uso indebido de las leyes y represión de protestas pacíficas ha creado un nivel de peligro sin precedentes para los y las activistas de derechos humanos, tal como documentamos en el informe: Defensores y defensoras de los derechos humanos bajo amenaza. La reducción del espacio para la sociedad civil”.

La Directora para las Américas, Erika Guevara-Rosas, declaró que los periodistas y activistas sonn el blanco del gobierno:

“Esta nueva evidencia confirma que periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos mexicanos son blanco de prácticas ilegales diseñadas para interferir y obstaculizar su trabajo. Estos hallazgos son consistentes con las investigaciones previas de Amnistía Internacional y muestran un claro patrón de uso ilegal de la tecnología en un intento de controlar cualquier crítica contra quienes están en el poder”.

Asimismo, aseguró que estas acciones deben ser investigadas pronta y adecuadamente.

El contexto en el que se dan a conocer las evidencias de sensura y espionaje se suma al latente conjunto de artillería tecnológica con la cual los gobiernos ejercen supresión, asesinatos, desapariciones forzadas,  represión, así como el inadecuado ejercicio de las leyes penales, civiles y administrativas para perseguir a los defensores y defensoras de los derechos humanos, aseguró la organización internacional.

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