El monopolio político se fractura

¿Socialdemocracia o liberalsocialismo?

Ciudad de México.- Desde temprana hora las filas para ejercer el derecho humano al voto fueron inmensas.

Eran señales evidentes del acentuado interés ciudadano por estas elecciones intermedias y una clara expresión de la preocupación por la salud de nuestro sistema democrático.

Entre los electores que pacientemente se sumaban a la fila, también se escuchaban comentarios referidos a la necesidad de una sociedad participativa, a la importancia que las elecciones tienen para los ciudadanos y a la urgencia por integrar una comunidad política vigilante de nuestros gobernantes, capaz de actuar en defensa de las instituciones democráticas. Todo esto sin que nadie se quejara por la ligera lluvia que en esos momentos de la mañana iniciaba su caída.

Con esta imagen los electores respondían con firmeza a una pregunta insistentemente formulada en las redes sociales: ¿para qué sirven las elecciones en un sistema democrático? La respuesta categórica que los ciudadanos ofrecieron a través de una masiva participación superior al 50% fue: los comicios sirven para dar vida a gobiernos y asambleas representativas que incorporen todas las orientaciones políticas presentes en la sociedad mexicana.

De esta forma, la creación de leyes y la producción de decisiones administrativas –en lo cual consiste la función social del sistema político- se convierte en un derivado legítimo de elecciones competitivas.

Observamos una elevada, ordenada y pacífica participación ciudadana que contrastó con la violencia que se acentuó en distintas regiones del país contra candidatos y líderes políticos.

La imponente lección que ofrecieron los electores apagó momentáneamente la exacerbada polarización que auguraba nubarrones políticos que impactaron, incluso, la agenda de la Vicepresidenta de los Estados Unidos a quien cancelaron su visita al Senado de la República.

En los próximos días podremos observar si nuestro sistema administrativo y jurisdiccional electoral se comportará a la altura de las expectativas de los ciudadanos porque es previsible que muchas elecciones, sobre todo locales, serán impugnadas.

A ello contribuirá también el desenfrenado activismo político del Primer Mandatario quien inmediatamente retomará su confrontación contra la oposición.

A pesar de que los resultados en algunos lugares se presentaron con márgenes muy estrechos, la consecuencia inmediata de la participación ciudadana es la fractura del monopolio político que se instauró en nuestro país a partir de 2018.

Un esquema de uso de las mayorías para aplastar a las minorías parlamentarias aprovechando la sobrerrepresentación legislativa que el oficialismo mantuvo durante un trienio, lo que le permitió el control total de la Cámara de Diputados.

Fue un bloque político compacto, disciplinado y controlado que le permitió manipular, imponer, suspender o acelerar proyectos de ley a conveniencia del gobierno. Un monopolio parlamentario acrítico y obediente, insensible a las necesidades sociales y dócil con los poderosos, que hoy se fracturó.

Generalmente se piensa que la gobernabilidad es un proceso con un sentido único, sin embargo, también es reversible dependiendo del contexto institucional en que tiene lugar.

Existe una gobernabilidad antidemocrática referida a prácticas que excluyen a las oposiciones generando una situación donde impera la ausencia de libertades, la limitación del pluralismo y la centralización de las decisiones. Por el contrario, ayer los electores optaron por una gobernabilidad democrática donde la estabilidad depende, no del monopolio del poder, sino de un amplio compromiso compartido entre los diferentes actores sociales y políticos.

Un aspecto central del acuerdo democrático por defender es el consentimiento de los perdedores respecto del resultado de los comicios.

Para que esto ocurra se requiere de un régimen que abandone el personalismo político. Debemos incentivar la formación de una democracia de partidos que comparta una concepción sobre la responsabilidad de los gobernantes respecto de la institucionalidad democrática.

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