Ciudad de México.- Lo que ocurre en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México a veces parece un galimatías, un enredo que sólo entienden los involucrados directos y que en ocasiones unifica a los opuestos.
Hoy, una alianza de adversarios, de los legisladores del PRD y Morena, se concretó en el Pleno de la Asamblea Constituyente, y quien la propició fue el diputado constituyente del PAN, Gonzalo Altamirano Dimas. El beneficiario de esa unión coyuntural fue Miguel Ángel Mancera.
Los constituyentes de izquierda formaron un bloque al que se sumaron los tres integrantes del Partido Movimiento Ciudadano y los seis designados por el Jefe de Gobierno. La alianza dio para que en la sesión de este miércoles, con 48 votos en contra y 36 en pro, se desechara una propuesta de Altamirano Dimas por la cual solicitaba al mandatario capitalino un estudio de impacto presupuestal que permitiera conocer la factibilidad de recursos para el cumplimiento de cada uno de los derechos plasmados en el proyecto que el mandatario remitió a este órgano legislativo.
En la tribuna de la Asamblea Constituyente, el constituyente del PAN argumentaba que es necesario saber cuántos recursos económicos se necesitan para garantizar que todos los derechos plasmados en la propuesta de Constitución puedan cristalizarse y no queden en falsas promesas. Alegaba que es necesario conocer ese dato para analizar y discutir con sustento la iniciativa.
Los del PRI, de Nueva Alianza, Encuentro Social y los designados del Ejecutivo federal acompañaron a los panistas, pero el número de votos no les alcanzó.
“Desconocemos si las finanzas públicas de la ciudad serán capaces de soportar derechos como el préstamo para la economía social y cooperativa, la constitución de fondos para proyectos destinados al equilibrio territorial, una banca pública de desarrollo, una banca pública de proyectos, un fondo de pensiones y prestaciones para personas trabajadoras no asalariadas, el de la renta básica sobre todo, así como la creación de diversas dependencias e instituciones”, decía Gonzalo Altamirano.
Recordaba que el gasto en desarrollo social para la ciudad requirió de 78 mil 73 millones de pesos; mientras que el gasto en dependencias y órganos desconcentrados fue de 78 mil 841 millones de pesos para el ejercicio del año 2016. “Está comprometida una enorme cantidad de recursos que difícilmente podrán ser redirigidos”, decía.
Antes de dar la palabra a quienes replicarían con dureza la propuesta del panista, el presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea, Alejandro Encinas Rodríguez, argumentaría que, según la reforma política para la Ciudad que dio origen a este órgano legislativo, los constituyentes sólo pueden discutir los temas para los cuales fueron convocados, y por lo tanto no se abordarían ni se tomarían acuerdos distintos a lo de su materia de trabajo.
Agregaba que, con base en esa reforma política, la Asamblea Constituyente de la Ciudad no podrá interferir, bajo ninguna circunstancia, en las funciones de los Poderes de la Unión ni de los órganos del Distrito Federal, ni tendrá ninguna facultad relacionada con el ejercicio del gobierno de la entidad.
Lo que vino después fue un agrio debate entre los constituyentes del PAN y legisladores de izquierda que se prolongó por espacio de una hora. El primero en atizar a la discusión fue el ex dirigente nacional del PRD, Jesús Ortega, quien no se cansó de lanzar calificativos a la propuesta Altamirano Dimas. La tachó de inocente, insensata, absurda y perversa.
“Es absurda, de verdad, la propuesta, y condiciona a esta Asamblea a que si hay presupuesto suficiente entonces se aprueben derechos. Yo me pregunto, el derecho a expresarse con toda libertad, diputado Altamirano, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta la libertad de expresión? ¿Cuánto cuesta el derecho al sufragio? ¿Cuánto cuesta el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres y en qué circunstancia vamos a colocar al jefe de gobierno o a cualquier otro gobernador en cualquier otro Congreso, a que nos diga cuánto cuesta el derecho a elegir de manera libre a los representantes? Es absurda, pero me parece que también es perversa”, decía Jesús Ortega.
Le siguió la diputada de Morena, Bertha Luján Uranga, quien al hacer uso de la palabra dejaba ver que los seguidores de López Obrador bloquearían la solicitud del panista.
“Deberíamos preguntarnos si al inicio del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador en esta ciudad, si hubiera preguntado si hay presupuesto para atender las necesidades de salud de la población, las necesidades de vivienda, que fueron atendidas de manera exhaustiva durante los seis años de este gobierno, no hubiera hecho nada en el gobierno del entonces Distrito Federal, no se hubieran sentado las bases de esta política social que hoy por hoy coloca a la Ciudad de México en la vanguardia, en términos de derechos sociales”, replicó la ex contralora de la administración local.
Para los constituyentes de izquierda los derechos son progresivos y no se deben condicionar a la posibilidad de que exista presupuesto para su implementación. Jaime Cárdenas Gracia, de Morena, lo pondría en los siguientes términos:
“La concepción que tienen los compañeros del PAN a este respecto es equivocada. Ellos piensan en términos –lo voy a decir con respeto– decimonónicos. Para que haya derecho se requiere garantía, como los viejos abogados en México que decían: Si la norma jurídica no contiene sanción, no hay norma jurídica”.
Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro, se sumó a las opiniones en contra de la solicitud panista. Decía que la progresividad de los derechos no está ligada a los recursos y hacía alusión a los Principios de Limburgo, relativos al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en los cuales se establece que la obligación de logro progresivo existe independientemente de cualquier aumento de recursos y requiere de una utilización eficaz de los recursos de que se disponga.
De parte de los constituyentes del PAN, la defensa se centró en decir que su planteamiento se limitaba a pedir información.
“Que no les cause tanto enojo, tanto malestar, un simple trámite. Estamos solicitando información presupuestal, no sobre todo los derechos, o sea, es absurdo venir aquí a la tribuna y decir que estamos escatimando derechos como la libertad de expresión, como la libertad de tránsito, esos no tienen precio, diputado Ortega, diputado Encinas, solo el necio confunde valor con precio”, replicaba Gonzalo Altamirano Dimas.
Desde su curul, el coordinador de los diputados de Morena, Bernardo Bátiz, acusaba que la Asamblea estaba cayendo en una estrategia orquestada por los panistas. “Estamos dedicándole a una maniobra publicitaria de la derecha, de la extrema derecha, que lo que quiere es que no entremos a la discusión de los puntos de fondo en la Constitución”, señalaba el ex procurador capitalino.
El debate incluyó el tipo de trámite que se le daría a esta solicitud de información, de si se daba turno a la Jefatura de Gobierno como un requerimiento a título de un solo diputado o a nombre de toda la Asamblea Constituyente. Al final, ambas propuestas se rechazaron.
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Los faltistas
La sesión del Pleno de este miércoles en la Asamblea Constituyente inició con sólo 68 legisladores, la asistencia más baja de la que se tenga registro desde que se instaló el órgano legislativo.
A las ausencias se sumaron las solicitudes de licencia para dejar la curul, como fue el caso del dirigente de la CTM y constituyente del PRI, Carlos Aceves del Olmo. De parte de su partido político no hubo información de por qué dejaba su responsabilidad como diputado constituyente. Su suplente, Armando Baez Pinal, hoy tomó protesta.
Después de filmar una película en Puebla, regresó a su curul el actor Bruno Bichir, aunque un colega suyo del medio del espectáculo no ha asistido. Damián Alcázar sólo se presentó a la sesión de instalación el 15 de septiembre, pero no ha regresado a la antigua sede del Senado. El senador del PAN, Roberto Gil, es de los constituyentes que tampoco ha acudido a las últimas sesiones.
Hay incluso personajes que a más de un mes de haberse instalado la Asamblea ni siquiera se han presentado a tomar protesta al cargo, como el dirigente de la FTSE y senador del PRI, Joel Ayala.
Este miércoles, conforme la sesión del Pleno avanzaba, constituyentes de los distintos partidos abandonaban la casona de Xicoténcatl, como Jesús Ortega, a pesar de que las actividades no habían concluido.
De conflicto de interés
Las acusaciones entre constituyentes, particularmente de los legisladores de Morena, sobre conflictos de interés, se empiezan a convertir en tema regular de debate en esta Asamblea.
Ahora fue Jaime Cárdenas Gracia quien, al inicio de la sesión, acusó a su par, Manuel Díaz Infante, de incurrir en conflicto de interés, al desempeñarse como presidente de la Comisión de Justicia de este órgano legislativo y al mismo tiempo ser magistrado con licencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.
Cárdenas Gracia acusaba que en su posición, Díaz Infante se dedicará a defender los intereses de los altos funcionarios de ese Tribunal. “¿Cómo puede ser presidente de la Comisión de Justicia un diputado, un magistrado que va a defender el statu quo de ese Tribunal, ese diseño y ese cúmulo de prerrogativas, derechos y obligaciones?”, se cuestionaba el de Morena.
El presidente de la Mesa Directiva le pidió que presentara por escrito sus argumentos, para que en la Mesa de Consulta de la Asamblea Constituyente se atienda, pues es esa la instancia a la que le compete la integración de comisiones.
Ya los de Morena, en la sesión anterior, arremetieron contra la diputada del Partido Encuentro Social, Aida Arregui Guerrero, a la que acusaron de ser ministra de culto, de la asociación Río Poderoso, y violar así la ley al fungir como legisladora pero al mismo tiempo encabezar una agrupación religiosa.
Hoy, a casi una semana de esos señalamientos, Arregui y sus compañeros de Encuentro Social salieron a plantear su defensa. Sin un documento que sustentara sus dichos, dijeron que ella fue integrante de la mesa directiva de una organización religiosa aunque ya no lo es, pero que su esposo sí se desempeña como ministro de culto.
Un reclamo por escotes
De los temas con los que arrancó la sesión de hoy en la Asamblea Constituyente, uno de ellos fue un reclamo de la diputada de Morena, Gabriela Rodríguez, quien lamentó el escote usado por dos edecanes que repartían agua y café entre los diputados constituyentes.
“Quiero hacer una reclamación muy grave por las compañeras edecanes, que ellas son gente muy amable y muy linda, que nos están atendiendo. Pero consideramos que no es correcto que les exijan a las edecanes que se presenten con escotes o con minifaldas. No es por ellas, hablo por ellas, porque sé que es quien las contrata y me parece que es una ofensa a la dignidad. No sé quién contrató a las edecanes, que por favor no las indignen y no les exijan que se pongan un escote”, acusaba la legisladora.
Como mucho del personal que labora en apoyo de la Asamblea Constituyente, resultó que las dos edecanes trabajan en el Senado de la República. Para darle salida a la queja de Gabriela Rodríguez, el presidente de la Mesa Directiva dijo que haría llegar esas opiniones a la Cámara alta, junto con la versión estenográfica de su intervención.
En defensa de la libertad de expresión
En la sesión de hoy, diputados constituyentes de los distintos partidos presentaron 15 iniciativas de reforma a la propuesta del Jefe de Gobierno, además de que se registraron 27 propuestas ciudadanas.
La constituyente del Partido de Movimiento Ciudadano, Esthela Damián Peralta, presentó una iniciativa de reforma al proyecto de Constitución que trabajó con periodistas de esta ciudad, a fin de garantizar la libertad de expresión, el derecho a la información, la libertad de prensa y la protección de los periodistas.
La iniciativa busca evitar la llamada "Censura Previa", entendida como la acción que cualquier autoridad por si misma pretenda imponer a opiniones, contenidos o cualquier forma de expresión; eso incluye también que ninguna ley secundaria de la norma constitucional, e incluso esta, pueda dar facultades expresas o veladas para que alguna autoridad ejerza la referida "Censura Previa.
En esta propuesta también se plantea propiciar que cualquier ciudadano pueda hacer uso del derecho de réplica, cuando alguna opinión le es perjudicial, sobre todo cuando tal opinión es emitida por una empresa identificable de comunicación, obligando a esta última a que, sin pretexto y costo alguno, dé espacio en sus emisiones o publicaciones a que el ciudadano aludido ejerza esa derecho.
La iniciativa de Esthela Damián trata también de evitar cualquier sanción para aquellos ciudadanos que legítimamente y por cualquier medio, en especial por fotos o videos tomados con su teléfono móvil, denuncien, difundan y/o informen a terceros sobre abusos cometidos por alguna autoridad o algún particular; existiendo la posibilidad de iniciar procedimientos en contra del que sea evidenciado como infractor, en aquellos casos donde se trate de conductas ilícitas que la ley respectiva mándate proceder de oficio a la autoridad correspondiente; lo que además reforzarla no solo el ejercicio ciudadano de la denuncia, sino también el efecto persuasivo en el que se ha convertido para quien infringe la ley, el hecho de que existe la posibilidad de que sea grabado cometiendo un ilícito.
Acompañado de poco más de 300 elementos del Cuerpo de Bomberos que marcharon desde la avenida Fray Servando, el diputado independiente y dirigente sindical de esos trabajadores, Ismael Figueroa, llegó a la antigua sede del Senado para presentar una iniciativa en la cual planteó la necesidad de crear la Secretaría de Bomberos de la Ciudad de México, así como mejorar las condiciones laborales de la policía capitalina.
Lol Kin Castañeda, constituyente del PRD, propuso en una iniciativa garantizar el respeto irrestricto de las personas migrantes huéspedes, sujetas de protección internacional, así como de sus familias, mientras que la constituyente del PRI, Cynthia López Castro planteó que los partidos postulen un 20% de jóvenes de hasta 29 años en cargos de diputados locales y concejales de las futuras alcaldías.
