Ciudad de México.- Los diputados constituyentes bajaron la cortina. Se van de vacaciones de fin de año y regresan dentro de 12 días, a pesar de que los números de su productividad legislativa y sobre todo los tiempos son del todo desfavorables.
El hecho de que están forjando el futuro de esta Ciudad pareció no importar demasiado a los legisladores que este día, el cual debió ser histórico, sólo discutieron y votaron un artículo, el 9, con el que abre el importantísimo capítulo de Carta de Derechos.
Son más de 50 derechos los que quedarán consagrados en la Constitución de la Ciudad de México. Las arterias de esos derechos están en 13 artículos ordinarios y seis transitorios.
Pero otra vez quedan a deber con el debate estos constituyentes que, literal, dejan para el próximo año temas polémicos y torales para los diversos sectores de esta ciudad plural y diversa, como la libre autodeterminación, el derecho de las familias, los derechos sexuales y reproductivos, la protección de los animales, el matrimonio igualitario y la libertad de creencias.
Cuando regresen de sus vacaciones, los diputados tendrán únicamente 29 días para aprobar una batería de aproximadamente 60 artículos ordinarios y 20 transitorios.
En términos llanos han avanzado en sólo 10 por ciento de todo lo que tienen que hacer; lo que sigue será sacar la Constitución local antes del 31 de enero, porque ese día concluye el mandato de los diputados constituyente y es el plazo establecido en la Constitución federal para aprobar la carta fundacional de la Ciudad de México.
Aunque parecería que están contra la pared, la parsimonia de los diputados prevalece. Hoy iniciaron la sesión con dos horas de retraso. Estaban convocados para iniciar trabajos a las 10:00 horas, pero empezaron al mediodía y ni siquiera cumplieron cuatro horas de sesión, pues a las 15:49 pm, Alejandro Encinas, presidente de la Mesa Directiva del órgano legislativo, dio por terminada la jornada.
Sonrientes, los diputados se dieron abrazos y se compartieron los mejores deseos por Navidad y Año Nuevo. Se tomaron selfies y se retiraron presurosos de la antigua sede del Senado.
Una finta
Cuando inició la sesión, la pregunta de muchos en la antigua sede del Senado era cuántas horas durarían los trabajos de la Asamblea Constituyente y cuántos artículos de la Carta de Derechos lograrían aprobar.
Como lo han hecho desde que el lunes empezó la discusión en el Pleno, artículo por artículo, afuera de la casona de Xiconténcatl se apostaron integrantes de Provida y del Frente Nacional por la Familia. Los primeros repartían folletos y pequeños fetos de plástico en protesta contra el aborto, mientras que los segundos lanzaban rezos al Arca de la Alianza y a la Sagrada Familia.
En el salón de sesiones, a las 12:28 horas, la presidente de la Comisión Carta de Derechos, la perredista Marcela Lagarde, subía a tribuna para presentar el dictamen de ese grupo legislativo.
Todo parecía indicar que los diputados estaban dispuestos a dar un largo debate. Las preguntas parecía que tenían respuesta, pero todo era una finta.
Lagarde agradeció a diputados de todos los partidos por haber participado en la construcción del dictamen. Recordó que en ese grupo legislativo se procesaron 244 iniciativas de legisladores y 584 propuestas ciudadanas.
“La Carta de Derechos es un espejo donde cada quien quiere ver su reflejo, expresarse de forma precisa con sus elecciones, con sus aspiraciones, con sus preocupaciones y sobre todo con sus propuestas. El diálogo hasta ahora ha sido enriquecedor.
Si bien en ocasiones fue difícil, todas las partes tuvimos que aportar, que aceptar y que ceder. El resultado es una pieza de la Constitución que comienza por el reconocimiento de nuestra realidad diversa, plural, multicolor, como las calles y los rostros de esta Ciudad y contiene un cuerpo articulado de casi 50 derechos, la base de un nuevo paradigma”, dijo Lagarde.
Destacó que como resultado de la discusión que se dio en comisiones se garantiza la protección más amplia de todas las formas de estructuras familiares, así como la libre decisión sobre la sexualidad, la reproducción, la maternidad y la paternidad, así como la libertad de creencias y de convicciones.
No hay retroceso posible, expuso, pues la Ciudad de México es y seguirá siendo un espacio incluyente, abierto para cualquier grupo religioso, para cualquier orientación sexual, cualquier expresión étnica o cultural, y la principal labor de las autoridades será el generar las condiciones para una convivencia respetuosa y pacífica.
Señaló que los movimientos sociales, el activismo político y el periodismo que han transformado la vida de esta Ciudad en las últimas décadas encuentran su sitio en este texto, y se plasman con la libertad de expresión en la Cláusula de Consciencia y la Protección a periodistas, el derecho de réplica y la protesta social como un derecho individual y colectivo.
Una Ciudad sin Dios
Pero hubo diputados que no se vieron en el reflejo del que hablaba Marcela Lagarde, y uno de los que no se miraba a través de ese espejo fue Hugo Erick Flores, diputado del Partido Encuentro Social, quien recriminó que en esta Constitución sólo se habla de inclusión y derechos para unos, no para todos.
Flores habló durante la discusión en lo general del artículo 9 y recordó que en el proyecto del Jefe de Gobierno no venía el derecho a la libertad de religión, algo que finalmente se logró incluir durante el debate en comisiones, no así la libertad de culto.
Calificó como una contradicción que se incorporen derechos sólo para aquellos grupos que representan una clientela, pero no para quienes piensen diferente.
Les soltó varias preguntas a los diputados de izquierda. “¿Cuándo hemos metido una reserva en contra de la comunidad LGBTTTI? ¿O cuándo metimos una iniciativa en contra de estos derechos de esta minoría? Enséñemela, porque luego se nos dice homófobos sin conocernos”, cuestionó el diputado de Encuentro Social.
Encarrilado, le entró al tema del Estado laico y fue cuando advirtió que su grupo político no permitirá una Ciudad agnóstica. “Hoy lo que se quiere construir aquí es una Ciudad, es una sociedad sin Dios y eso no lo vamos a permitir, porque nosotros tenemos nuestras propias creencias, que heredamos de nuestros padres y que les estamos heredando a nuestros hijos”, dijo en tribuna.
Dos diputados subieron a hablar en contra del artículo 9; ocho legisladores lo hicieron a favor. De entre estos últimos lo hizo Esthela Damián, del partido Movimiento Ciudadano, quien consideró que faltan derechos por incluir y pidió a sus compañeros no quedarse cortos.
Planteó la necesidad de reincorporar en el debate el tema de la cannabis, para que se permita su consumo recreativo o por lo menos para uso medicinal o científico. Habló de la necesidad de reconocer los derechos de los trabajadores no asalariados y con ello facilitarles el acceso a prestaciones, pues no se trata solo comerciantes ambulantes, sino también de artesanos y artistas.
Anunció que presentará reservas en otros artículos, como el relacionado con la protesta social, pues consideró que no se le debe otorgar facultades al Jefe de Gobierno para adoptar protocolos de actuación que vulneren el derecho a la protesta social.
Destacó avances en ciertos temas, resultado del interés de diversas organizaciones sociales que presentaron propuestas de contenido y que hoy están plasmadas en el dictamen, como la protección a periodistas, la defensa del medio ambiente, la promoción de la movilidad no motorizada y los matrimonios igualitarios.
La ministra en retiro Olga Sánchez Codero también subió a tribuna para pronunciar un excelso discurso sobre el parámetro de control de regularidad constitucional, establecido en la Constitución federal, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y en una contradicción de tesis (2.93/2011) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En síntesis, ese parámetro le impide al legislador local reducir o limitar los derechos establecidos en la Constitución Federal, en los instrumentos y tratados internacionales, en las leyes generales, en las leyes locales y en esta misma Constitución, “pero no le impide de ninguna manera adicionarlos, ampliarlos o establecer un conjunto normativo como lo es este parámetro de control de regularidad constitucional que ha propuesto la Comisión en este dictamen, el cual genera y configura un espectro normativo, protector más amplio de los derechos humanos y que además de consolidarlos y fortalecerlos, se trata de la manifestación legislativa más evidente del principio pro persona”, dijo Sánchez Cordero.
Un diputado que ha sido férreo defensor del derecho a la vida desde la concepción es Alejandro Bustos, del PVEM. Hoy, en la tribuna de la Asamblea Constituyente, Bustos reiteró esa agenda.
“Me estoy pronunciando a favor de este dictamen, sin embargo, no puedo dejar de señalar una gran deuda de esta Constitución: la falta del reconocimiento a la vida. Ni el proyecto del Jefe de Gobierno ni el dictamen tuvo el valor de expresar en esta Constitución el derecho a la vida que es presupuesto de goce de todos los demás derechos.
Seguiremos insistiendo, sabiendo que la progresividad de derechos es una realidad en nuestra Constitución y tiene que respetarse; tanto el derecho de la salud de las mujeres, como el derecho de la vida en gestación han sido reconocidos por la Suprema Corte de Justicia, por cierto, en la misma resolución, y tienen que tener su lugar en nuestra Constitución”, dijo.
Antes de que iniciara la sesión, Bustos, junto con la panista Cecilia Romero y el coordinador del PRI, César Camacho, salieron al encuentro de los manifestantes que se oponen al aborto. Afuera de la Casona de Xicoténcatl, Camacho les dijo a los inconformes: “En asuntos en que los partidos podemos no estar de acuerdo, en este estamos de acuerdo”.
Con todo y la oposición y las expresiones cargadas de ideología, el artículo 9 se aprobó por unanimidad, con el voto de 86 legisladores de todos los partidos. Poco después de las 15:30 horas se aprobó también en lo particular, con 80 votos en pro y 5 en contra.
Rechazo al antisemitismo
De las 10 reservas que se presentaron al dictamen, sólo se aprobaron dos, una de ellas presentada por la legisladora Clara Jusidman, por la cual se amplían los conceptos respecto a los cuales queda prohibida toda forma de discriminación.
"Se considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia" se establece en la adición que se incorporó a través de una reserva presentada por los legisladores Clara Jusidman, Lol Kin Castañeda, Elvira Daniel Kabbaz, Katia D´Artigues y Carlos Gelista.
