Ciudad de México.- Una vez que se concrete el proyecto de Constitución de la Ciudad de México, esta corre el riesgo de covertirse en un documento de quehacer administrativo, ya que en algunos de sus apartados -como es el caso del artículo 13, sobre el derecho a la educación-, se contrapone a las minterpretaciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado en torno a la nueva organización a la que se someterá la capital de México.
De acuerdo con el doctor en derecho, Sergio Méndez Silva, en el artículo 124 de la Constitución de la República se establece que aquellas facultades que no están reservadas para las autoridades federales competen a las locales y se les llama competencias residuales.
En este entendido, sobre el derecho a la Educación, el proyecto de Constitución de Miguel Ángel Mancera establece: “La ciudad organizará un sistema educativo local integral. Las comunidades educativas participarán en el diseño, ejecución y evaluación de los servicios. Estarán conformadas por el magisterio, estudiantes, padres y madres de familia, directivos y administradores escolares”.
Es decir, se contempla la consulta ciudadana para moldear estos procesos de evaluación; sin embargo, a nivel nacional en el artículo 73 dicho mecanismo queda confinado únicamente para la Federación.
“Hay bases mínimas a las que se tienen que acoger las entidades, la Corte ha considerado que deben cumplir con esas bases y no ir más allá de ellas, que en este caso correspondería a lo que quedó asentado en la reforma al artículo 122”, explicó.
Lo anterior se extiende en el artículo 124 en el que queda asentado que en la capital del país sí aplicarían dichas competencias residuales
“En estos elementos adicionales establecidos en el proyecto de Constitución de la Ciudad de México, que incrementa en este caso en específico las facultades del sistema educativo, como la capacitación a todos los maestros y su consulta, no estarían en contra de la Constitución general, porque cumplen con las bases mínimas e incorporan estos nuevos elementos”, expresó.
Sin embargo afirmó que las nuevas incorporaciones sobre el tema de Reforma Educativa en el artículo 3 que van más allá de las bases establecidas en todo el país -desde el entendimiento de la Corte- y corren un enorme riesgo de ser declaradas inconstitucionales.
Agregó que si bien se tiene la intención de consultar al magisterio, padres de familia, personal administrativo, entre otros, si la Suprema Corte no permite que se innove en la Constitución local, no habrá razón para hacer la consulta.
“Todo apunta a que este proyecto de Constitución que es progresista, se va a mal lograr por la postura formalista de la Corte, restrictiva de las competencias de las entidades federativas. Como va la tendencia nacional a ir homologando y centralizando todo lo que se refiere a los temas legislativos y competencias federales, la Constitución de la Ciudad de México va a quedar como un estatuto orgánico administrativo”, concluyó el especialista.
Consultas… para ciertos temas
La constituyente del Revolucionario Institucional Fernanda Bayardo se manifestó en favor de realizar consultas ciudadanas, pues hasta el momento, estas se hacen presentes a lo largo del proyecto de Constitución de la Ciudad de México. Sin embargo, reconoció que será analizado cuáles podrían pasar o no.
“Adicional al trabajo que se ha venido dando desde la Suprema Corte y la jurisprudencia que se ha dado, sabemos que hay algunas cosas que será complicado que puedan legislarse, algo que sucedió en la revocación del mandato, como los casos de Chihuahua y Yucatán… no es que la figura no funcione, hay algunas cosas que no tendrán que ser abiertas porque resultarán inconstitucionales”, comentó.
Precisó que a nivel nacional no se cuenta con una figura abierta o bien en favor de dar lugar a dicho diálogo, por ejemplo con los miembros del magisterio. Aseguró que dialogarán con las diversas fuerzas políticas que integran la actual Asamblea Constituyente a fin de analizar el apartado A de este derecho a la educación.
“Si los argumentos sobre que es anticonstitucional esta consulta educativa son mayores sin duda nosotros estaremos a favor de que no se incluya, porque lo que menos estamos buscando es que esta Constitución el 5 o el 6 de febrero resulte inconstitucional y tenga que judicializarse en la Suprema Corte”, dijo.
Sobre la exigibilidad de este derecho, explicó que sería una alternativa acceder a él vía tecnológica, ya que podría abarcarse a un mayor número de población en una forma menos costosa.
Blindaje a la Carta Magna
El morenista Jaime Cárdenas comentó que esta facultad consultiva actualmente pertenece al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), por lo que el riesgo de que se declare inconstitucional es latente.
“Se tiene que tener un respaldo social. La Corte se atrevería menos a señalar la inconstitucionalidad si esta fuera aprobada por referéndum, es decir, si los ciudadanos dijeran que están de acuerdo con una Constitución progresista en la que se reconocen más derechos, donde se establecen los 16 años como edad mínima para votar, que establece un método de evaluación distinto a los maestros y todas las ventajas que pueda tener el proyecto y lo que incorpore en el debate de la asamblea entonces tendría no sólo el apoyo político sino el social”, expresó.
A su consideración la obligatoriedad de la educación debiera extenderse hasta la etapa superior, y no únicamente a la preparatoria como hasta el momento está asentado, pues en su análisis hasta el momento (en ese tema) la Carta Magna local “llega hasta donde llega la Constitución general de la República, ahí no da un paso adelante”.
