Ciudad de México.-Veinticinco vecinos de las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán, Cuajimalpa y Gustavo A Madero, interpusieron tres amparos contra el proceso de aprobación en el Congreso local y posterior promulgación de la Ley de Participación Ciudadana de la CDMX, al acusar que durante el periodo de discusión no se garantizó el derecho a la participación de los capitalinos.
En conferencia, los promoventes de estos amparos argumentaron que la participación ciudadana en la construcción de leyes está garantizada en la Constitución federal y en tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.
Sin embargo, alegaron que ese derecho no se garantizó en el Congreso de la Ciudad cuando los diputados locales aprobaron vía fast track este ordenamiento, pues no tomaron en cuenta a la población residente y se marginó la opinión de núcleos como los pueblos y barrios originarios.
Durante la conferencia, Mayela Delgadillo, ex diputada constituyente, aclaró que con este amparo no pretenden derogar la ley aprobada y promulgada en agosto de 2019, ni regresar a la legislación anterior, sino abrir canales de diálogo y foros para fortalecer aspectos poco claros y que incluso no se tocaron dentro de esa nueva normatividad.
Leticia Parada, habitante de la alcaldía de Gustavo A Madero, mencionó algunas de las inconsistencias y dudas detectadas en esta ley, como la falta de precisión sobre si los nuevos integrantes del comité de participación comunitaria –sustitutos de los comités de participación ciudadana–, serán servidores públicos o representantes populares.
El hecho de que no exista división de funciones o de responsabilidades es preocupante, porque a decir de Mayela Delgadillo al momento de definirse proyectos ganadores de presupuesto participativo, los encargados de los mismos podrán ser sujetos de sanciones administrativas en caso de irregularidades en el manejo de ese gasto.
Hay dudas sobre la forma de conformarse una unidad territorial, lo que provocará confusión entre la ciudadana respecto al lugar en el que debe votar; tampoco hay una diferenciación entre los conceptos de habitantes y vecinos.
En uno de los juicios de amparo que se turnó al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad, los vecinos promoventes acusaron que durante la discusión de la ley ante el Congreso local no se garantizó la máxima difusión para la participación vecinal, además de que se suspendieron foros que realizaría la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso local y a pesar de ello se acordó un periodo ordinario de sesiones el cual se celebró en agosto del año pasado para aprobar el dictamen de esta legislación.
“En ese acuerdo se violó el mandato constitucional del Artículo 25 numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad en el que se establece el derecho que tenemos los ciudadanos de presentar propuestas de modificación a las iniciativas legislativas y que estas se podrán presentar en un plazo no menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria.
“En el acuerdo, la Junta de Coordinación Política también violó la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad que en el artículo 107 regula el derecho de los ciudadanos a presentar propuestas de modificación a iniciativas legislativas, ya que no existió la publicación del dictamen a aprobar con los plazos establecidos para los ciudadanos”, acusaron los vecinos en su recurso de amparo.
Las autoridades demandadas son la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por la promulgación de la ley; la Consejería Jurídica, por publicarla en la Gaceta Oficial capitalina; así como el Congreso de la Ciudad, por el proceso de aprobación del dictamen y posterior decreto.
Mayela Delgadillo detalló que los vecinos presentaron los amparos en septiembre y confió que en este mes de enero se celebré la audiencia para que los jueces determinen si otorgan o no el amparo.
De ser favorable podrían posponerse las elección de comités de participación comunitaria y de presupuesto participativo prevista para el 15 de marzo, aunque del lado de las autoridades demandadas el alegato es que los vecinos promotores del recurso no tienen el interés legítimo para solicitar esta protección judicial.
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