Ciudad de México.-Miembros de la sociedad civil informaron que interpusieron un amparo en contra de la Cámara de Diputados para frenar los moches de los legisladores.
En conferencia de prensa, integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil interpusieron un amparo ante el Tribunal Superior de Justicia en contra de la Cámara de Diputados, bajo el argumento de que en diciembre del año pasado, excedieron sus atribuciones al crear programas sociales, lo que ocasionó que el Presupuesto de Egresos Federal se elevara en al menos 39 mil millones de pesos.
“Excedieron su facultad constitucional para ‘modificar’ el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), creando nuevos fondos dentro del Ramo 23, los cuales no cuentan con objetivos, reglas de operación o mecanismos de evaluación claros”.
Detallaron que en un principio el presupuesto enviado a la Cámara fue de 102 mil 856 millones de pesos y terminó siendo de 141 mil 670 millones, para lograr este incremento hubo una disminución al dinero destinado a programas de salud, educación y ambiente, y los redirigieron a ocho fondos antes inexistentes, aseguró Edna Jaime, directora general de México Evalúa.
Las aportaciones que todos los ciudadanos realizan al PEF podría terminar en bolsillos de los servidores públicos, ya que como comentó el abogado Jorge A. Chávez en ocasiones los fondos llegan a empresas que son de su propiedad.
El amparo surgió para dar un mensaje a la sociedad, que nadie está por encima de la ley, «nuestros impuestos son demasiado importantes para permitir que se improvise con ellos», afirmó la abogada Gabriela Ríos.
Juan E. Pardinas, representante común de Organizaciones de la Sociedad Civil, calificó el accionar de la Cámara baja como una transgresión en la división de poderes, pues crear o disolver fondos únicamente compete al poder ejecutivo del país.
La primer impugnación se hizo en marzo del año en curso, sin embargo, la resolución se ha aplazado. Si el proceso se alargara aún más podría no proceder, ya que como el abogado José Roldán comentó, los recursos designados podrían agotarse y el juicio dejaría de tener razón de ser.
Sin embargo, si el proceso concluye sus investigaciones, lo llevarán ante la Suprema Corte de Justicia, ya que como el economista Jorge A. Chávez informó podría incluso existir complicidad por parte del Ejecutivo.
