Ciudad de México.- La Comisión del Poder Judicial aprobó el predictamen que pretende darle autonomía constitucional al Instituto de la Defensoría Pública y deje de ser un órgano desconcentrado del Poder Judicial, esto para garantizar que la Defensoría Pública no sea juez y parte al mismo tiempo.
El diputado Bernardo Bátiz afirmó, durante la discusión del artículo 40, que era “de trascendental importancia que el Instituto se convirtiera en autónomo o pasara a depender del poder ejecutivo”. Mientras que la doctora Ana Laura Magaloni destacó que la defensa pública no puede recaer en los mismos que imparten la justicia. Aseguró que “la Defensoría Pública es la institución más olvidada” y apeló a no dejarla caer dentro de la burocracia.
La propuesta de redacción del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera colocaba al Instituto de Defensoría Pública como un órgano desconcentrado del Consejo de la Judicatura que tenía la finalidad de defender a las personas justiciables, incluyendo a todas aquellas que no pudieran pagar un abogado, “en asuntos del fuero local, garantizar el derecho a la defensa en materia penal, el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en las materias familiar, administrativa, fiscal y civil”.
De aprobarse en Pleno este dictamen, este órgano cumplirá con su función, pero sin rendir cuentas al Poder Judicial. Asimismo, los constituyentes acordaron ampliar sus argumentos respecto al tema cuando lleguen a la discusión del artículo 50, relacionado con la Comisión de Derechos Humanos.
La Comisión de Poder Judicial, presidida por el diputado Manuel Díaz Infante, desechó la propuesta de investigar las faltas administrativas y los delitos que cometan los integrantes del Poder Judicial, estipulado en el numeral 10 del artículo 40 del proyecto de Constitución.
Los diputados argumentaron que la redacción propuesta por el jefe de Gobierno era confusa, pues en un mismo párrafo mezclaba dos conceptos: los delitos y las faltas administrativas. La diputada constituyente Irma Eréndira Sandoval fue la única legisladora que propuso una nueva redacción, donde además añadía el tráfico de influencias; sin embargo, su propuesta fue rechazada.
Con la eliminación de este párrafo, dijo, pareciera que se otorga inmunidad a los integrantes del Poder Judicial ante la comisión de delitos graves.
Durante la sesión, los constituyentes aprobaron que los integrantes del Consejo de la Judicatura sean nombrados por un organismo denominado Consejo Judicial Ciudadano, lo que significa que el Congreso quedará al margen de estos nombramientos.
Al continuar la sesión para dictaminar los artículos 40 a 57 del Proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, se aprobó el artículo 40 con modificaciones sustanciales, tanto a la propuesta original como al proyecto de dictamen.
De ese modo, se aprobó la propuesta del diputado por Acción Nacional (PAN), Santiago Creel Miranda, y de la diputada del Partido de la Revolución Democrática, (PRD) Diana Arellano, para que quede en manos de ciudadanos el nombramiento de los integrantes del Consejo de la Judicatura. En el proyecto de dictamen tres de sus miembros serían electos por mayoría calificada del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, dos designados por dos terceras partes de los integrantes del Congreso, y uno sería designado por el Jefe de Gobierno. La propuesta de la Jefatura de Gobierno proponía que fuera el Comité Judicial Ciudadano el que los eligiera. El diputado Creel propuso además incluir que el presidente del Consejo de la Judicatura no podrá presidir el Tribunal Superior de Justicia. La propuesta fue aprobada.
Le quitan autonomía al Tribunal Electoral
Por otra parte, en el mismo artículo 40 quedó establecido que el Tribunal Electoral pasa a formar parte del poder judicial de la Ciudad de México, por considerar que se trata de una institución de carácter jurisdiccional. Con esta modificación, esta institución electoral deja de ser órgano autónomo y queda con el mismo carácter que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Esta propuesta fue presentada por la diputada del Grupo Parlamentario Constitucionalista Olga Sánchez Cordero; la diputada designada por el Poder Ejecutivo, Claudia Aguilar Barroso; la diputada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Irma Eréndira Sandoval, y el diputado César Camacho Quiroz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Los diputados constituyentes César Camacho y Bernardo Bátiz propusieron que la Junta de Conciliación y Arbitraje también pasara a formar parte del poder judicial en virtud de que a nivel federal es parte de una reforma constitucional que está en vías de aprobación en los congresos de las entidades federativas. Posteriormente, Camacho Quiroz retiró su propuesta precisamente porque todavía no se ha concluido la aprobación. Bátiz la mantuvo, pero fue rechazada por la mayoría. El diputado por Morena Javier Quijano precisó que cuando se incorpore el tema laboral al Poder Judicial se tendrá que hacer por medio de la creación de una sala y juzgados laborales, y no como un tribunal.
También fue rechazada la propuesta de la constituyente Irma Eréndira Sandoval para la creación de un tribunal social y de defensa. Esta institución sería intérprete suprema de la Constitución, no sólo para el Poder Judicial, sino también para el Ejecutivo, y tendría por objeto que tuvieran cabida las acciones de inconstitucionalidad de la ciudadanía.
Se desechó la propuesta de la Jefatura de Gobierno para la creación de un tribunal constitucional, apoyada por el diputado Bátiz, para quedar como lo proponía el proyecto de dictamen en el sentido de que se creará una Sala Constitucional como parte del Tribunal Superior de Justicia.
Como parte de ese mismo artículo, el Instituto de Defensoría de Oficio, encargado de la defensa de las personas justiciables, se constituirá como órgano constitucional autónomo. Lo anterior difiere de la propuesta del Gobierno de la Ciudad de México, que quería que esta tarea formara parte del organismo garante de los derechos humanos; también se modificó el proyecto de dictamen que lo proponía como un órgano desconcentrado del Consejo de la Judicatura. El Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses quedará como un órgano descentralizado del Consejo de la Judicatura.
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