Ciudad de México.- Ante los casos de abuso sexual contra menores en la Ciudad de México, el diputado local del PRD, Iván Texta Solís, adelantó que solicitará que en el protocolo de protección a este sector de la población se incluya la instalación de cámaras de vigilancia.
Mencionó que de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), del 2002 al 2013, las secretarías de Educación de los estados recibieron mil 365 quejas por agresiones, abuso y acoso sexual en los planteles y se comprobó que 129 niñas y niños sufrieron violencia sexual mientras cursaban educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y educación especial.
Y, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar en violencia, abuso sexual, pornografía infantil y homicidios de menores de 14 años de edad entre las naciones integrantes del organismo.
Por tanto, para aumentar la seguridad de las niñas y niños en centros educativos, públicos y privados, de la Ciudad de México, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Iván Texta Solís, adelantó que solicitará que en el protocolo de protección a este sector de la población se incluya la instalación de cámaras de vigilancia.
El también presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México en la ALDF indicó que la medida podría ser obligatorio, en colegios públicos y privados de guardería, educación preescolar y primaria, así como incluir visitas e inspecciones sorpresa por parte de autoridades.
Las cámaras de vigilancia, destacó Texta Solís, ayudarían a detectar casos de maltrato y violencia hacia la población infantil, lo que garantiza certeza y tranquilidad a las madres y los padres de familia de que sus hijas o hijos están en un lugar seguro, además de prevenir hechos como el ocurrido en el jardín de niños Montessori-Matatena.
El asambleísta citó el informe del organismo en el cual se refiere que las escuelas de la Ciudad de México tienen el mayor registro de este delito, ya que entre 2000 y 2013, ocurrieron 546 casos, en el que los agresores laboraban como profesores, prefectos, personal de intendencia y empleados administrativos de los planteles.
Finalmente, señaló que es reprobable que este tipo de hechos ocurran en los centros escolares donde los menores deben recibir educación y protección especial, situación que incumple el contenido de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y firmada por México.
