Ciudad de México.-La desorganización y la falta de condiciones adecuadas para sesionar fueron tan evidente hoy en el desarrollo de los trabajos de la Asamblea Constituyente que hasta los propios diputados se quejaron.
Espacios reducidos y sin ventilación, ausencia de equipo técnico para proyectar presentaciones, falta de asesores para el apoyo legislativo y hasta carencia de sillas, fueron los problemas que enfrentaron los legisladores constituyentes durante la jornada de este lunes.
Una de las preocupaciones de los diputados constituyentes fue la falta de organización para
agendar las reuniones de las propias comisiones, a lo que se sumó la impuntualidad de los propios legisladores para llegar a la hora fijada y hacer quórum en esos grupos de trabajo.
El tema de las ausencias salió de nuevo a flote, luego de que el senador del PRI, Joel Ayala, informara ayer domingo a través de un comunicado que dejará su cargo como diputado constituyente. En los hechos ni siquiera se presentó a tomar protesta.
Otro más que ya suma demasiadas faltas es el de Morena, Damián Alcázar, quien sólo asistió a la sesión de instalación el pasado 15 de septiembre pero no regresó. Bernardo Bátiz, coordinador de los constituyentes de ese partido, justificaba las faltas del actor, al señalar que ha tenido compromisos laborales, pero que ya se presentará.
Y de lo sustancial que es la discusión del Proyecto de Constitución hay poco, casi nada. Aún en comisiones, los constituyentes siguen enfrascados en la forma más que en el fondo, como es la manera de organizar el trabajo, la ruta para elaborar el dictamen y los mecanismos para realizar las audiencias públicas con los ciudadanos que presentaron propuestas al contenido de Constitución.
Durante este lunes hubo sesión de cinco comisiones dictaminadoras y casi todas al mismo tiempo. Al empalmarse, los legisladores tuvieron problemas para hacerse presentes en las sesiones, por lo que algunas comenzaron con retraso o apenas con el quórum mínimo requerido para iniciar, como ocurrió en la de Procuración de Justicia y en la de Principios Generales.
La Comisión de Buen Gobierno, Combate a la Corrupción y Régimen de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que preside el perredista Armando Ríos Piter, fue la primera en sesionar, pero empezó una hora tarde pues los diputados constituyentes no llegaban.
Con 40 minutos de retraso empezó también la Comisión de Procuración de Justicia, pero al mismo tiempo iniciaba la Comisión de Ciudadanía y Régimen Democrático, y mientras estás se desarrollaban, arrancaba la de Desarrollo Sostenible.
Al saturado calendario de actividades se agregaba una conferencia de prensa que en ese momento realizaban los diputados constituyentes de Morena, quieren afuera del Palacio de Minería, en la Plaza Tolsa, anunciaban la presentación de una iniciativa para garantizar el derecho al agua.
En su propuesta, los de Morena planteaban que todos los capitalinos debemos recibir agua, todos los días, de forma suficiente, salubre, aceptable, asequible y continua.
Dentro del Palacio de Minería, y como ocurrió en todas las comisiones dictaminadoras, el orden del día se centró en presentar, discutir y aprobar los programas de trabajo respectivos; pero el tema provocó que quedaran en evidencia algunas fallas del Reglamento para el Gobierno Interior del Constituyente que se aprobó en septiembre pasado
Uno de los problemas es el tiempo para presentar iniciativas y propuestas ciudadanas. El 30 de octubre vence el plazo, falta una semana, lo que aprieta el calendario de los legisladores para discutir y elaborar el dictamen.
Además, cada Comisión está definiendo de forma distinta la manera de redactar su dictamen. Mientras la de Justicia decidió que elaborará un solo documento de todos los artículos que le toca aprobar, la de Alcaldías determinó que presentará un dictamen por cada artículo que le toca analizar.
Mañana habrá reunión de la Conferencia de Armonización que encabeza Porfirio Muñóz Ledo. Ahí estarán los presidentes de las ocho comisiones dictaminadoras en búsqueda de organizar su trabajo porque, como lo decía el presidente de la Comisión de Procuración de Justicia, Manuel Díaz Infante, una vez que sesiones los ocho grupos de trabajo, seguramente las labores se empalmarán, lo que obligará a los constituyentes a tener el don de la ubicuidad.
De eso se quejaban Alejandro Chanona, de Movimiento Ciudadano, y Jaime Cárdenas Gracia, de Morena; pero sin duda una de las quejas más puntuales fue la que lanzó el presidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible, Enrique Provencio, quien acusaba la falta de un equipo de asesores para apoyar con las tareas legislativas.
"No vamos a poder nosotros solos procesar este trabajo, necesitamos una secretaría técnica robusta para sacar adelante el trabajo que se le encomendó a la Comisión; en ese sentido yo sí pido apoyo para que a través de sus grupos parlamentarios, en la Mesa de Consulta, reforcemos la solicitud de que contemos con el apoyo necesario para que la Comisión funcione adecuadamente. No lo tenemos hasta ahora", decía Provencio.
El tema de los asesores vino a cuento luego de un prolongado debate al seno de esta comisión, donde se aprobó la integración de tres subcomisiones de trabajo en las que participarán con opinión los diputados y a quienes ellos designen como asesores.
La legisladora de Morena, Mayela Delgadillo, no estuvo de acuerdo. Acusó que los asesores no pueden suplir la voz y las decisiones de los diputados, mucho menos sus ausencias. Decía que es obligación de los legisladores estar presentes en todas las sesiones, pues a ello se comprometieron. Los diputados de otros partidos decían que es una actividad común en el poder legislativo que los asesores acudan a reuniones de trabajo.
Nadie convenció a la de Morena de cambiar su posición, sin embargo, durante esta discusión quedó en evidencia que el partido encabezado por Andrés Manuel López Obrador es el único que paga para que cada uno de sus 22 diputados constituyentes cuenten con un asesor legislativo.
Con todo y el desorden que predominó en la Asamblea Constituyente, lo que por fin comenzó a cristalizarse fueron las audiencias públicas en comisiones, como ocurrió en la Desarrollo Sostenible, donde las primeras organizaciones ciudadanas tuvieron la oportunidad de opinar y plantear sus propuestas sobre la Constitución.
Mónica Tapia, de la agrupación Tu Constituyente, dijo que es necesario para la ciudadanía influir de manera más efectiva en el diseño institucional en materia de desarrollo urbano.
"Queremos influir en el diseño institucional, de quién y cómo serán encargados las agencias, los institutos, los Consejos en torno a la planeación y el desarrollo. Es necesario analizar, le queremos llamar Plan Estratégico, le estamos cambiando los temas de la vigencia. Sí tener programas parciales y programas de demarcaciones, pero sobre todo que esto esté a cargo de un Instituto con un consejo plural, que la representación sea más plural y no dependa del jefe de Gobierno. Nos parece una simulación la autonomía de ese Instituto (de Planeación) que será presidido por el jefe de Gobierno, con un Consejo poco vinculante. Ahí estamos haciendo una propuesta de cómo integrar ese Consejo, que tenga su presidencia electa por los propios miembros del Consejo, le estamos agregando representantes de las alcaldías, del Congreso, del sector académico, social y empresarial y sea el responsable de nombrar al titular del Instituto", dijo Tapia.
En un tono similar habló Josefina Mac Gregor, de la organización Suma Urbana, quien al criticar el proyecto de Constitución en materia de desarrollo urbano, dijo: "Se nos despoja en esta Constitución del elemento central que tenemos, que es la capacidad de participar opinando. La consulta pública no es vinculante. No entiendo por qué desaparecer los programas parciales y los programas delegacionales. El manejo del suelo se centraliza tanto que te puedo expropiar por causa de utilidad pública, pero acaba siendo una vivienda de interés medio propiedad de otro, entonces, el manejo de la sociedad privada llega al absurdo”.
