Ciudad de México.- Un colgado en un puente, un calcinado en un tambo, levantados de bandas rivales, baleados en una taquería, extorsiones y secuestros. Hace no menos de 5 años los capitalinos leíamos esas noticias provenientes de los estados más violentos del país y queríamos pensar que esas escenas en Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Veracruz o Nuevo León nos eran lejanas.
Sin embargo, esa realidad ya nos alcanzó. La psicosis que generó el crimen organizado en otras entidades ya permea en nuestra vida diaria, con imágenes escalofriantes que cimbran nuestra idiosincrasia de capitalinos.
Preocupa la escalada de esa violencia, que llegue a extremos como la quema de autobuses y bloqueos en las calles de Guadalajara; los combates con armas de alto poder en plena vía pública de Matamoros; la aparición de decenas de cadáveres en avenidas centrales de Veracruz; los ataques a medios de comunicación en poblaciones de la frontera norte o las ráfagas de metralleta en edificios de gobierno como en la alcaldía de Reynosa.
El gobierno de Miguel Ángel Mancera ha optado por combatir el problema con una estrategia similar a la de su aliado político, Enrique Peña Nieto: no mencionarlo o de plano no reconocerlo.
En su pasado informe ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Mancera sólo pronunció una vez la palabra inseguridad. Una sola vez utilizó la palabra delito.
“Las cifras nos indican que este año hemos disminuido la incidencia de los delitos de alto impacto en un 12.4 por ciento, sin embargo no puedo estar satisfecho. La percepción de inseguridad no ha disminuido, la gente no se siente segura, por ello necesitamos redoblar esfuerzos para generar un ambiente de mayor seguridad para todas y para todos, para nuestros ciudadanos y ciudadanas”, dijo ante los legisladores locales.
Para redoblar esos esfuerzos, el mandatario anunció que iniciaría con la instalación de 70 estaciones de policía cercanas a la gente, enfocadas a reforzar la estrategia de Policía de Proximidad, y eso fue todo en un discurso de 21 cuartillas y hora y media de duración.
Desde que era Procurador General de Justicia, Miguel Ángel Mancera se ha empeñado en negar la existencia del crimen organizado en la capital del país, a pesar de que el tema ha sido profusamente difundido y analizado en los medios de comunicación, que consignan la presencia de la Familia Michoacana, la Unión, Gente Nueva y hasta del Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Del cuerpo que apareció colgado en un puente de Iztapalapa y de otro incinerado en un tambo cerca de la Central de Abasto, las autoridades locales han difundido la línea de investigación más obvia, derivada de mensajes encontrados cerca de los hallazgos.
Para el gobierno de Mancera esas muertes obedecen a una disputa que se registra en el Reclusorio Oriente. Su empeño por minimizar los hechos los lleva a quererlos confinar a los muros de un penal que, por cierto, debería estar bajo el control de su administración y no de los reos.
Pero el jefe de Gobierno no aceptará que los capitalinos vivimos ya con el crimen organizado, que los delincuentes están avecindados en nuestras colonias y que son los que abren puntos de venta de droga en casas y comercios, los que nos extorsionan, secuestran, amenazan o matan.
Aceptar esa realidad sería para Mancera como escupir para arriba, porque reconocerlo significaría tirar por la borda su carrera política y sepultar su adelantado proyecto por la Presidencia de la República.
El negro en el arroz será dilucidar la forma en la que el mandatario sale de la encrucijada, porque negar la presencia del crimen organizado en la ciudad no parece una estrategia que pueda resistirle de aquí al 2018, y menos si la violencia escala a niveles vistos en otras entidades.
Su proyecto pende de un hilo que la delincuencia puede cortar.
Twitter: @negroenelarroz
